Sin avances de consideración ni resultados en las investigaciones que lleven a la localización y recuperación de los 42 (antes 43) estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, detenidos-desaparecidos el 26 y 27 de septiembre en esta ciudad, hoy se cumplen tres meses del ataque de policías municipales de Iguala y Cocula, así como de sicarios de Guerreros Unidos que además dejó a seis muertos y 25 heridos.
Para este día se prevé una marcha en esta ciudad para exigir la presentación con vida de los jóvenes y castigo a los responsables materiales e intelectuales de los hechos.
La noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre policías municipales de Iguala y Cocula persiguieron a estudiantes de Ayotzinapa que se desplazaban en tres autobuses sobre la calle Juan Álvarez, a su llegada al periférico Norte los normalistas fueron emboscados y atacados a balazos por los uniformados.
En ese lugar cayeron heridos varios de los jóvenes y otros más fueron detenidos por los agentes en el que fue el primer ataque, alrededor de las 9 de la noche.
Cerca de 3 horas y media después, a las 12:30 y sin que hasta ese momento se hubiera presentado ninguna autoridad, sicarios de la organización criminal Guerreros Unidos atacaron nuevamente a los normalistas cuando daban declaraciones a reporteros, y en ese lugar fueron asesinados dos estudiantes y otro más fue hallado asesinado y desollado del rostro 8 horas después, a unos 500 metros del lugar.
Por este hecho el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa fueron detenidos el 4 de noviembre y él fue recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en tanto que Pineda Villa sigue bajo arraigo en la Procuraduría General de la República (PGR).
En noviembre las autoridades informaron de 59 detenidos por su presunta participación material o intelectual en los ataques, entre éstos 41 policías municipales de Iguala y de Cocula, incluyendo a los directores de ambas corporaciones Jesús Bruno Corrales y César Ramírez Nava, el último director de la policía de Cocula, detenido el 17 de noviembre.
También se informó de la detención de unos 13 miembros de Guerreros Unidos y dos halcones, a quien según las declaraciones presentadas por la PGR los policías de Iguala y Cocula les entregaron a los normalistas y quienes finalmente los mataron, los calcinaron en el basurero de Cocula y posteriormente arrojaron sus cenizas en el río San Juan que pasa por ese poblado.
A principios de octubre tras asumir las investigaciones, la PGR localizó el 4 de octubre cinco fosas clandestinas en el paraje Las Parotas de donde extrajo los restos de 28 personas con signos de desmembramiento y calcinación. En ese lugar días después ubicó otra fosa más con los restos de otras dos víctimas.
En el paraje La Joya a mediados de octubre la PGR ubicó cinco fosas más de donde extrajo los restos de ocho personas más.
Con el hallazgo de estas víctimas, se desencadenó una búsqueda de otras víctimas inhumadas en fosas clandestinas por familiares de desaparecidos y la dependencia federal, los cuales hasta el 22 de diciembre habían exhumado 28 restos humanos.
A pesar de los hallazgos de fosas y restos humanos calcinados en el basurero municipal de Cocula, que según reportes de la PGR fueron calcinados “un considerable número” de personas, los padres de los 43 normalistas desaparecidos han desestimado estas versiones y continúan encabezando movilizaciones de protesta estatales y nacionales por la presentación con vida de sus hijos.
Ayer un día antes de cumplirse tres meses de los ataques contra estudiantes en Iguala, los avances de las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas no había presentado ningún avance de consideración para dar con su ubicación, o el posible reconocimiento de sus restos por los peritos argentinos que acompañan a las familias de las víctimas.
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