Que liberen a Nestora, demandan ONG y CRAC

Mesalina Rosario
Al cumplirse este 21 de agosto un año de la detención de la comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, 161 defensoras de 95 organizaciones del país, demandaron al gobierno estatal y federal la “inmediata” e “incondicional” libertad de la líder comunitaria y de otros nueve integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Las mujeres pertenecen a la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, que tiene presencia en 21 estados de la República y en el Distrito Federal.
Algunas de las demandantes son: Agnieszka Raczynska del Distrito Federal; Aidé García, de la organización Católicas por el Derecho a Decidir de la ciudad de México; Alba Cruz, del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha de Oaxaca; Alejandra Ancheita, del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de México; Alejandra Nuño, de la ciudad de México; Alejandra Vela Garza, de Nuevo León; Alexandra Garita, de la ciudad de México; Alicia Leal Puerta, de Alternativas Pacíficas, del Distrito Federal; Aline Castellanos, de Herramientas para el Buen Vivir de Oaxaca; Amelia Guadalupe Ojeda Sosa, de Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal, de Yucatán.
Otras de sus demandas son: la inmediata y adecuada atención a la salud de Nestora Salgado; el traslado inmediato de la defensora a un penal de la Ciudad de México, en tanto se dicta el auto de formal libertad.
Además, demandaron la liberación inmediata de los otros nueve miembros de la CRAC, en referencia a Gonzalo Molina González de Tixtla; Arturo Campos Herrera, de Ayutla; el coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso y sus cinco policías comunitarios. Así como el líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, que recientemente se había incorporado a la agrupación indígena.
En su pronunciamiento se manifestaron, asimismo, por detener la criminalización y el uso ilegal de penales federales como una herramienta de coerción y penalidad para las y los defensores de derechos humanos”.
Denuncian que a un año de la “arbitraria” detención y traslado al Centro Federal de Readaptación Social Número 4 de Tepic, Nayarit, de Nestora Salgado, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, se une a la comunidad nacional e internacional que exige la liberación inmediata de la defensora.
Acusan que desde su detención, la Red tuvo conocimiento de las irregularidades y acciones que constituyen una abierta violación del debido proceso y otros derechos humanos, entre los que destaca la presentación de cargos con pruebas insuficientes y contradictorias.