Al comenzar el periodo vacacional de Navidad y Año Nuevo, la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) reportó una ocupación promedio en Acapulco de 49.9 puntos porcentuales, 28 puntos menos que el año pasado a la misma fecha, que alcanzó 78 puntos porcentuales en el mismo periodo de vacaciones.
Por segmentos, en la zona Diamante se registraron 48.2 puntos porcentuales; en la zona Náutica, 30.7; y en la zona Dorada, se registraron 54 puntos porcentuales de ocupación.
El año pasado la ocupación hotelera en la zona Diamante fue de 77.2 por ciento; en la Dorada se registraron, 83.8 puntos porcentuales; y en la zona Tradicional, hubo 38.7 por ciento de ocupación.
En este 2014, el Triángulo del Sol, alcanzó 54.2 puntos porcentuales; mientras que en el binomio Ixtapa-Zihuatanejo se registró un promedio de 66.3 puntos porcentuales; y 23.8 puntos en la ciudad de Taxco.
domingo, 21 de diciembre de 2014
Llegan a Acapulco unos 24 vehículos por minuto en el primer día de la temporada vacacional
En el primer día de la temporada vacacional de invierno ingresaron al puerto de Acapulco unos 24 vehículos por minuto en la Autopistas del Sol, de acuerdo con la Policía Federal división Caminos.
Ayer se registró un promedio de 24 vehículos de entrada y 12 por salida por minuto en la caseta de La Venta.
De acuerdo con información de la Policía Federal y CAPUFE, la tarde de ayer se registró una entrada de 26 vehículos por 12 de salida por minutos.
Mientras que después de las 6 de la tarde, hasta las 9 de la noche, la entrada era de unos 20 vehículos hasta 24 de entrada por 12 de salida por minutos.
Se informó que el incremento de la llegada de vehículos al puerto comenzó ayer por la mañana en la Autopista del Sol, tras el inició de la temporada vacacional y se confió que se incremente la demanda durante los próximos días.
Ayer se registró un promedio de 24 vehículos de entrada y 12 por salida por minuto en la caseta de La Venta.
De acuerdo con información de la Policía Federal y CAPUFE, la tarde de ayer se registró una entrada de 26 vehículos por 12 de salida por minutos.
Mientras que después de las 6 de la tarde, hasta las 9 de la noche, la entrada era de unos 20 vehículos hasta 24 de entrada por 12 de salida por minutos.
Se informó que el incremento de la llegada de vehículos al puerto comenzó ayer por la mañana en la Autopista del Sol, tras el inició de la temporada vacacional y se confió que se incremente la demanda durante los próximos días.
viernes, 19 de diciembre de 2014
El MPG de Tlapa da su versión del altercado con el Club de Periodistas y deslinda a la corresponsal
El Movimiento Popular Guerrerense Región Montaña (MPG-RM) respondió al Club de Periodistas que es falso que la corresponsal de El Sur, Carmen González Benicio, y otros periodistas sean asesores o integrantes de la organización.
En una carta enviada a El Sur, lamentaron la “actitud poco ética” de los integrantes del Club de Periodistas del estado, que utilizan la confrontacion que tuvieron con el MPG-RM “para denostar y criminalizar a trabajadores de la información que no comparten sus estilos y formas de operar el quehacer periodístico”.
“Acusamos la falsedad del Club de Periodistas que aprovechando las circunstancias bajo las cuales ocurrieron los hechos que se han narrado, pretenden vincular a nuestro movimiento como ‘asesores’ a los periodistas José Luis González Cueva ‘alias el chocoroll’, Carmen González Benicio, Ricardo González Rodríguez y Mario Basurto Medellin; aclaramos que estas personas no pertenecen ni son integrantes de nuestro movimiento social, que no tenemos mayor relación con ellos más que lo que se desprende de su labor periodística y lamentamos que en una actitud poco ética se utilice el mismo escenario para denostar y criminalizar a trabajadores de la información que no comparten sus estilos y formas de operar el quehacer periodístico”, se lee en el escrito.
“Aclaramos que nunca se hostigó ni presionó al Club de Periodistas, las placas fotográficas que dan cuenta de la presencia de personas armadas y con las que se pretende desprestigiar corresponden a las de miembros de la Policía Comunitaria que cotidianamente resguardan el edificio municipal tomado desde el 17 de octubre, además son integrantes del MPG-RM”, explica la carta.
De acuerdo con el texto del MPG-RM en el salón de fiestas sólo había 20 personas y no 100 como ha dicho el Club de Periodistas; además aclara que llegaron desde las 2 y media de la tarde pero fue hasta las 6 de la tarde cuando se difundió la version de que estaban retenidos por el MPG-RM.
En la carta, el MPG-RM dice que “es falso” que hayan “secuestrado a miembros del Club de Periodistas del estado para “golpearlos, vejarlos y extorsionarlos”.
En el documento relatan en nueve puntos cómo ocurrieron los hechos del sábado 13 de diciembre y responsabilizan a “Fabián Herrera Ruiz, Silvia Inés Borja Arteaga, Miguel Angel Mata Mata, Julio Ayala, Carlos y Brenda Nava Mancilla, de lo que pueda pasarle en su integridad física y moral a cualquiera de nuestros compañeros de lucha e integrantes del MPG. Al mismo tiempo invitamos a la prensa a comunicar y escribir la verdad y no seguir denigrando su importante labor, hoy más que nunca el pueblo los necesita para que sean partícipes y coadyuvantes en esta transformación social que nace como una esperanza de vida”.
El relato del MPG-RM indica que miembros del Movimiento “se enteraron” que el sabado 13 de diciembre en el salón de fiestas Quinta San José de Tlapa “se llevaría a cabo un evento entre conocidos políticos de la región con periodistas del estado para impulsar sus campañas proselitistas con miras al proceso electoral del 2015”.
De acuerdo con la carta, los que estaban en la reunion con el Club de Periodistas serían los alcaldes de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos; de Olinalá, Eusebio González Rodríguez; de Alcozauca, Armando Sánchez de Jesús; el diputado local Arturo Bonilla Morales y el aspirante a alcalde de Tlapa, Javier Morales Prieto, todos del PRI.
El MPG-RM argumenta que la reunion entre el Club de Periodistas y los políticos priistas fue de promocion partidista, financiado por los politicos, “disfrazado de un evento estatal de premiación periodística”.
Cuentan que llegaron a las 2:30 de la tarde a la calle Añorve sin número del barrio de San Diego, en Tlapa, donde se ubica la Quinta San José, y por medio de un altavoz “pedimos a los políticos ahí presentes que salieran e informaran el por qué del silencio y omisión que han guardado ante los hechos de crimen de Estado cometido en contra de 46 estudiantes normalistas y tres civiles”.
“Como reacción a nuestra invitación de diálogo, se presentaron en la puerta del centro social un grupo de periodistas que negaron que se estuviera llevando a cabo un evento con políticos, argumentando que sólo era un acto de premiación periodística, y de inmediato empezaron a agredir de palabra a todos los ahí presentes, incluso una periodista del sexo femenino, identificada después como Silvia Inés Borja Arteaga, se abalanzó en forma violenta al grupo de nuestros agremiados causándoles lesiones en la cara. Después de unos momentos de tensión se logró restablecer la calma y fuimos invitados a ingresar al salón para corroborar la ausencia de funcionarios y políticos en el lugar”, señala el MPG.
“En el interior del salón de fiestas la afluencia de personas no superaba a 20 adultos, sin que hubiera menores de edad, ni familias. Fue en esos momentos que se nos informó por compañeros que vigilaban otro sector que los funcionarios y políticos, cuya presencia se había anunciado con anticipación, habían salido por un acceso alterno riéndose por haber podido burlar nuestro cerco con el apoyo de sus incondicionales anfitriones. Resultando que en efecto el primer diálogo sostenido en las afueras del salón sólo sirvió para distraer a los compañeros y lograr la huida de los funcionarios que buscábamos”, sostiene.
“Fue precisamente la acción de encubrimiento lo que desató el malestar de los miembros del MPG-RM que concluyó en un nuevo enfrentamiento en el que el periodista Fabián Herrera Ruiz lesionó en la cabeza a un compañero y amenazó verbalmente a todos los demás. Después de este conato de violencia que propiciaron los alcoholizados seudoperiodistas, vino una etapa de diálogo entre las partes en el que se acordó el traslado al Zócalo central, donde los agresores Fabián Herrera Ruiz, Silvia Inés Borja Arteaga y Miguel Ángel Mata Mata ofrecerían una disculpa pública por sus agresiones”, agrega.
“Enseguida y conforme se había acordado en el salón de fiestas, Fabián Herrera Ruiz, Silvia Inés Borja Arteaga y Miguel Ángel Mata Mata, integrantes del Club de Periodistas de Guerrero, ofrecieron en el corredor del Ayuntamiento de Tlapa una disculpa pública a la población ahí presente, reconociendo su responsabilidad en las expresiones de violencia que provocaron las lesiones de nuestros compañeros a la vez que mencionaron el pago de los daños causados a los lesionados, mismos que fueron cubiertos por el grupo de periodistas que voluntariamente erogaron ese gasto que ascendió a la cantidad de $2,900.00 (dos mil novecientos pesos 00/100 en moneda nacional) y nunca fueron obtenidos bajo presión alguna, como ahora aparece en declaraciones vertidas en medios de comunicación”.
En la misiva el MPG-RM también reitera que mantendrá su lucha por “la presentacion con vida de los estudiantes desaparecidos, cárcel a los autores intelectuales y materiales, la renuncia del presidente de la República Enrique Peña Nieto, libertad de todos los presos politicos, un país con igualdad y justicia social”.
“Hacemos saber al gobierno federal que no permitiremos más represión y sumisión de nuestros pueblos, tal como lo hemos manifestado con las megamarchas que se han celebrado en todo nuestro país y el mundo entero, exigimos justicia y a la vez repudiamos la política neoliberal, rapaz y entreguista de la clase política enquistada en el poder”, dice la carta.
En una carta enviada a El Sur, lamentaron la “actitud poco ética” de los integrantes del Club de Periodistas del estado, que utilizan la confrontacion que tuvieron con el MPG-RM “para denostar y criminalizar a trabajadores de la información que no comparten sus estilos y formas de operar el quehacer periodístico”.
“Acusamos la falsedad del Club de Periodistas que aprovechando las circunstancias bajo las cuales ocurrieron los hechos que se han narrado, pretenden vincular a nuestro movimiento como ‘asesores’ a los periodistas José Luis González Cueva ‘alias el chocoroll’, Carmen González Benicio, Ricardo González Rodríguez y Mario Basurto Medellin; aclaramos que estas personas no pertenecen ni son integrantes de nuestro movimiento social, que no tenemos mayor relación con ellos más que lo que se desprende de su labor periodística y lamentamos que en una actitud poco ética se utilice el mismo escenario para denostar y criminalizar a trabajadores de la información que no comparten sus estilos y formas de operar el quehacer periodístico”, se lee en el escrito.
“Aclaramos que nunca se hostigó ni presionó al Club de Periodistas, las placas fotográficas que dan cuenta de la presencia de personas armadas y con las que se pretende desprestigiar corresponden a las de miembros de la Policía Comunitaria que cotidianamente resguardan el edificio municipal tomado desde el 17 de octubre, además son integrantes del MPG-RM”, explica la carta.
De acuerdo con el texto del MPG-RM en el salón de fiestas sólo había 20 personas y no 100 como ha dicho el Club de Periodistas; además aclara que llegaron desde las 2 y media de la tarde pero fue hasta las 6 de la tarde cuando se difundió la version de que estaban retenidos por el MPG-RM.
En la carta, el MPG-RM dice que “es falso” que hayan “secuestrado a miembros del Club de Periodistas del estado para “golpearlos, vejarlos y extorsionarlos”.
En el documento relatan en nueve puntos cómo ocurrieron los hechos del sábado 13 de diciembre y responsabilizan a “Fabián Herrera Ruiz, Silvia Inés Borja Arteaga, Miguel Angel Mata Mata, Julio Ayala, Carlos y Brenda Nava Mancilla, de lo que pueda pasarle en su integridad física y moral a cualquiera de nuestros compañeros de lucha e integrantes del MPG. Al mismo tiempo invitamos a la prensa a comunicar y escribir la verdad y no seguir denigrando su importante labor, hoy más que nunca el pueblo los necesita para que sean partícipes y coadyuvantes en esta transformación social que nace como una esperanza de vida”.
El relato del MPG-RM indica que miembros del Movimiento “se enteraron” que el sabado 13 de diciembre en el salón de fiestas Quinta San José de Tlapa “se llevaría a cabo un evento entre conocidos políticos de la región con periodistas del estado para impulsar sus campañas proselitistas con miras al proceso electoral del 2015”.
De acuerdo con la carta, los que estaban en la reunion con el Club de Periodistas serían los alcaldes de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos; de Olinalá, Eusebio González Rodríguez; de Alcozauca, Armando Sánchez de Jesús; el diputado local Arturo Bonilla Morales y el aspirante a alcalde de Tlapa, Javier Morales Prieto, todos del PRI.
El MPG-RM argumenta que la reunion entre el Club de Periodistas y los políticos priistas fue de promocion partidista, financiado por los politicos, “disfrazado de un evento estatal de premiación periodística”.
Cuentan que llegaron a las 2:30 de la tarde a la calle Añorve sin número del barrio de San Diego, en Tlapa, donde se ubica la Quinta San José, y por medio de un altavoz “pedimos a los políticos ahí presentes que salieran e informaran el por qué del silencio y omisión que han guardado ante los hechos de crimen de Estado cometido en contra de 46 estudiantes normalistas y tres civiles”.
“Como reacción a nuestra invitación de diálogo, se presentaron en la puerta del centro social un grupo de periodistas que negaron que se estuviera llevando a cabo un evento con políticos, argumentando que sólo era un acto de premiación periodística, y de inmediato empezaron a agredir de palabra a todos los ahí presentes, incluso una periodista del sexo femenino, identificada después como Silvia Inés Borja Arteaga, se abalanzó en forma violenta al grupo de nuestros agremiados causándoles lesiones en la cara. Después de unos momentos de tensión se logró restablecer la calma y fuimos invitados a ingresar al salón para corroborar la ausencia de funcionarios y políticos en el lugar”, señala el MPG.
“En el interior del salón de fiestas la afluencia de personas no superaba a 20 adultos, sin que hubiera menores de edad, ni familias. Fue en esos momentos que se nos informó por compañeros que vigilaban otro sector que los funcionarios y políticos, cuya presencia se había anunciado con anticipación, habían salido por un acceso alterno riéndose por haber podido burlar nuestro cerco con el apoyo de sus incondicionales anfitriones. Resultando que en efecto el primer diálogo sostenido en las afueras del salón sólo sirvió para distraer a los compañeros y lograr la huida de los funcionarios que buscábamos”, sostiene.
“Fue precisamente la acción de encubrimiento lo que desató el malestar de los miembros del MPG-RM que concluyó en un nuevo enfrentamiento en el que el periodista Fabián Herrera Ruiz lesionó en la cabeza a un compañero y amenazó verbalmente a todos los demás. Después de este conato de violencia que propiciaron los alcoholizados seudoperiodistas, vino una etapa de diálogo entre las partes en el que se acordó el traslado al Zócalo central, donde los agresores Fabián Herrera Ruiz, Silvia Inés Borja Arteaga y Miguel Ángel Mata Mata ofrecerían una disculpa pública por sus agresiones”, agrega.
“Enseguida y conforme se había acordado en el salón de fiestas, Fabián Herrera Ruiz, Silvia Inés Borja Arteaga y Miguel Ángel Mata Mata, integrantes del Club de Periodistas de Guerrero, ofrecieron en el corredor del Ayuntamiento de Tlapa una disculpa pública a la población ahí presente, reconociendo su responsabilidad en las expresiones de violencia que provocaron las lesiones de nuestros compañeros a la vez que mencionaron el pago de los daños causados a los lesionados, mismos que fueron cubiertos por el grupo de periodistas que voluntariamente erogaron ese gasto que ascendió a la cantidad de $2,900.00 (dos mil novecientos pesos 00/100 en moneda nacional) y nunca fueron obtenidos bajo presión alguna, como ahora aparece en declaraciones vertidas en medios de comunicación”.
En la misiva el MPG-RM también reitera que mantendrá su lucha por “la presentacion con vida de los estudiantes desaparecidos, cárcel a los autores intelectuales y materiales, la renuncia del presidente de la República Enrique Peña Nieto, libertad de todos los presos politicos, un país con igualdad y justicia social”.
“Hacemos saber al gobierno federal que no permitiremos más represión y sumisión de nuestros pueblos, tal como lo hemos manifestado con las megamarchas que se han celebrado en todo nuestro país y el mundo entero, exigimos justicia y a la vez repudiamos la política neoliberal, rapaz y entreguista de la clase política enquistada en el poder”, dice la carta.
Pide el Ifai a la Sedena entregar datos sobre restos hallados en fosas en Guerrero
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deberá entregar a un particular el soporte documental sobre las fosas halladas en cada municipio de Guerrero y el número de cuerpos exhumados de ellas desde el año 2000 hasta el 16 de octubre de 2014.
Así lo ordenó el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) al resolver un recurso de revisión interpuesto por un particular que también pidió que le entregaran la cifra de pruebas de identificación de ADN y otras formas de reconocimiento utilizadas por peritos, así como el costo total de dichas pruebas en moneda nacional, y el sexo y la edad de los cuerpos identificados.
También pidió conocer la cantidad de cuerpos exhumados que han sido reconocidos por familiares a través de pruebas de ADN u otra forma de reconocimiento.
En una primera respuesta, la Sedena se declaró incompetente para entregar esa información y orientó al particular a presentar su solicitud ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Sin embargo el particular se inconformó y presentó un recurso de revisión en el que argumentó que la dependencia ha dado respuesta a otras peticiones de información similares.
El caso fue turnado a la comisionada Areli Cano quien propuso modificar la respuesta emitida por la Sedena e instruirla a proporcionar al particular los datos que tenga y que correspondan a los periodos del 4 de marzo de 2011 al 20 de febrero de 2014, así como de marzo de 2011 a marzo de 2012.
En cuanto a los datos del periodo restante, de 2000 a febrero de 2011 y del 21 de febrero al 16 de octubre de 2014, le solicitó hacer una búsqueda exhaustiva en todas las unidades administrativas competentes y, en su caso, entregarlos al particular.
Sólo en caso de que comprueba la inexistencia de esa información deberá hacer la declaración formal, “de manera fundada y motivada” a través de su Comité de Información.
La comisionada expresó su preocupación por la violación de las garantías fundamentales, empezando por el de la vida que es un derecho humano universal cuyo goce permite el disfrute y ejercicio de todos los demás.
Consideró que es obligación del Estado generar una base oficial de datos “veraz”, a escala nacional, que permita la búsqueda de identificación de las personas desaparecidas. (Agencia Proceso / Ciudad de México).
Así lo ordenó el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) al resolver un recurso de revisión interpuesto por un particular que también pidió que le entregaran la cifra de pruebas de identificación de ADN y otras formas de reconocimiento utilizadas por peritos, así como el costo total de dichas pruebas en moneda nacional, y el sexo y la edad de los cuerpos identificados.
También pidió conocer la cantidad de cuerpos exhumados que han sido reconocidos por familiares a través de pruebas de ADN u otra forma de reconocimiento.
En una primera respuesta, la Sedena se declaró incompetente para entregar esa información y orientó al particular a presentar su solicitud ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Sin embargo el particular se inconformó y presentó un recurso de revisión en el que argumentó que la dependencia ha dado respuesta a otras peticiones de información similares.
El caso fue turnado a la comisionada Areli Cano quien propuso modificar la respuesta emitida por la Sedena e instruirla a proporcionar al particular los datos que tenga y que correspondan a los periodos del 4 de marzo de 2011 al 20 de febrero de 2014, así como de marzo de 2011 a marzo de 2012.
En cuanto a los datos del periodo restante, de 2000 a febrero de 2011 y del 21 de febrero al 16 de octubre de 2014, le solicitó hacer una búsqueda exhaustiva en todas las unidades administrativas competentes y, en su caso, entregarlos al particular.
Sólo en caso de que comprueba la inexistencia de esa información deberá hacer la declaración formal, “de manera fundada y motivada” a través de su Comité de Información.
La comisionada expresó su preocupación por la violación de las garantías fundamentales, empezando por el de la vida que es un derecho humano universal cuyo goce permite el disfrute y ejercicio de todos los demás.
Consideró que es obligación del Estado generar una base oficial de datos “veraz”, a escala nacional, que permita la búsqueda de identificación de las personas desaparecidas. (Agencia Proceso / Ciudad de México).
Pide el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU no perder de vista a Ayotzinapa y la guerra sucia
Al conmemorar el 22 aniversario de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió “no perder de vista” el caso de los normalistas de Ayotzinapa y las víctimas de la Guerra Sucia, como un ejemplo del contexto que vive el país, y demandó que el Estado mexicano reconozca la competencia del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada.
Además, el organismo señaló que para afrontar la “debilidad institucional” que ha reconocido el presidente Enrique Peña Nieto, el Estado debe abstenerse de acciones que interfieran con la labor de los defensores de derechos y cumplir con sus compromisos internacionales, recomendaciones y sentencias pendientes como la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) por el caso del guerrerense desaparecido hace 40 años, Rosendo Radilla Pacheco.
“Nos acercamos a fechas en las que las ausencias duelen más que nunca, y por ello hacemos explícito nuestro reconocimiento y admiración a la perseverancia que todas ellas y ellos demuestran cada día, recordándonos que todo acto de desaparición forzada constituye un ultraje a la dignidad humana y su comisión afecta los valores más profundos de toda sociedad respetuosa de la primacía del derecho, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales”, afirmó el representante de la ONU-DH, Javier Hernández Valencia.
En un comunicado difundido ayer en su portal de internet, la ONU-DH explicó que su trabajo se desarrolla en un contexto en el que no se debe perder de vista la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa -y de los cuales solo Alexander Mora Venancio ha sido identificado-, como una “muy grave” violación a los derechos humanos y que “se suma” a la historia reciente y a la que se añaden las desapariciones cometidas durante la guerra sucia en Guerrero.
Recordó que este contexto fue señalado desde 2011 en el informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI) y que para “abordar el reto” ha impulsado y acompañado diversos procesos de homologación de legislaciones con los estándares internacionales.
“Las distintas experiencias, con todas sus complejidades y particularidades, confirman no sólo la pertinencia de la agenda delineada en las recomendaciones internacionales que ha recibido México, sino además, de manera destacada, el rol invaluable e insustituible que tienen las familias y las organizaciones en las transformaciones institucionales que deben emprenderse, de cara al esfuerzo de implementación que le corresponde al Estado”, añadió.
Por consiguiente, demandó que las autoridades respeten el derecho de las personas a defender los derecho humanos de los desaparecidos y que el “Estado debe abstenerse de acciones que interfieran con su labor, tales como injerencias arbitrarias, descalificaciones públicas o cualquier otro tipo de acción indebida” contra los defensores.
Señaló que para “abrir una ruta que ayude a remontar los retos inmediatos”, abordar los problemas “de fondo” y la “debilidad institucional” que ha referido Peña Nieto, el Estado mexicano debe reconocer la urgencia y acelerar la implementación de sus compromisos internacionales pendientes.
Y especificó que entre estos se encuentran las recomendaciones de organismos internacionales pendientes; la sentencia de la Coidh por el caso Rosendo Radilla; el reconocimiento de la declaración de ausencia por desaparición; y que el Estado reconozca la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para que reciba y examine comunicaciones de las víctimas o sus familiares.
Además, el fortalecimiento de servicios forenses independientes; una ley general e integral en materia de desapariciones forzadas; la creación de un mecanismo nacional de búsqueda de desaparecidos; bancos genéticos; la protección de víctimas y testigos; el registro de personas detenidas; la regulación del uso de la fuerza pública; y el combate efectivo a la impunidad.
Además, el organismo señaló que para afrontar la “debilidad institucional” que ha reconocido el presidente Enrique Peña Nieto, el Estado debe abstenerse de acciones que interfieran con la labor de los defensores de derechos y cumplir con sus compromisos internacionales, recomendaciones y sentencias pendientes como la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) por el caso del guerrerense desaparecido hace 40 años, Rosendo Radilla Pacheco.
“Nos acercamos a fechas en las que las ausencias duelen más que nunca, y por ello hacemos explícito nuestro reconocimiento y admiración a la perseverancia que todas ellas y ellos demuestran cada día, recordándonos que todo acto de desaparición forzada constituye un ultraje a la dignidad humana y su comisión afecta los valores más profundos de toda sociedad respetuosa de la primacía del derecho, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales”, afirmó el representante de la ONU-DH, Javier Hernández Valencia.
En un comunicado difundido ayer en su portal de internet, la ONU-DH explicó que su trabajo se desarrolla en un contexto en el que no se debe perder de vista la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa -y de los cuales solo Alexander Mora Venancio ha sido identificado-, como una “muy grave” violación a los derechos humanos y que “se suma” a la historia reciente y a la que se añaden las desapariciones cometidas durante la guerra sucia en Guerrero.
Recordó que este contexto fue señalado desde 2011 en el informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI) y que para “abordar el reto” ha impulsado y acompañado diversos procesos de homologación de legislaciones con los estándares internacionales.
“Las distintas experiencias, con todas sus complejidades y particularidades, confirman no sólo la pertinencia de la agenda delineada en las recomendaciones internacionales que ha recibido México, sino además, de manera destacada, el rol invaluable e insustituible que tienen las familias y las organizaciones en las transformaciones institucionales que deben emprenderse, de cara al esfuerzo de implementación que le corresponde al Estado”, añadió.
Por consiguiente, demandó que las autoridades respeten el derecho de las personas a defender los derecho humanos de los desaparecidos y que el “Estado debe abstenerse de acciones que interfieran con su labor, tales como injerencias arbitrarias, descalificaciones públicas o cualquier otro tipo de acción indebida” contra los defensores.
Señaló que para “abrir una ruta que ayude a remontar los retos inmediatos”, abordar los problemas “de fondo” y la “debilidad institucional” que ha referido Peña Nieto, el Estado mexicano debe reconocer la urgencia y acelerar la implementación de sus compromisos internacionales pendientes.
Y especificó que entre estos se encuentran las recomendaciones de organismos internacionales pendientes; la sentencia de la Coidh por el caso Rosendo Radilla; el reconocimiento de la declaración de ausencia por desaparición; y que el Estado reconozca la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para que reciba y examine comunicaciones de las víctimas o sus familiares.
Además, el fortalecimiento de servicios forenses independientes; una ley general e integral en materia de desapariciones forzadas; la creación de un mecanismo nacional de búsqueda de desaparecidos; bancos genéticos; la protección de víctimas y testigos; el registro de personas detenidas; la regulación del uso de la fuerza pública; y el combate efectivo a la impunidad.
Crea la CNDH una oficina especial para investigar violaciones a las garantías individuales en Iguala
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos anunció ayer la creación de una oficina especial que se encargará de investigar las presuntas violaciones a las garantías individuales registradas en Iguala, el 26 y 27 de septiembre pasado, en donde perdieron la vida seis personas –tres estudiantes entre ellos–, 17 más resultaron heridos y 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
Luis Raúl González Pérez, titular del organismo, puso a cargo de esa encomienda a José T. Larrieta Carrasco, e informó en un comunicado que buscará mantener comunicación directa con los padres de los normalistas desaparecidos y sus representantes, así como con las ONG, nacionales e internacionales, y grupos defensores de derechos humanos que los acompañan, a fin de brindar al caso la atención prioritaria que reclama.
La oficina de nueva creación “deberá fortalecer sus tareas hacia la determinación de conductas u omisiones violatorias de derechos humanos en que algunas autoridades pudieron incurrir antes, durante y después de los referidos acontecimientos”, abundó la CNDH.
Además, Larrieta Carrasco tendrá entre sus funciones impulsar la integración del expediente de queja, procurar la información de toda autoridad que debe proporcionarla y analizar las constancias que obren en averiguaciones previas, del fuero federal y local, para identificar cualquier probable violación a los derechos humanos, así como vigilar que las autoridades agoten todas las líneas de investigación.
La CNDH, señaló en su comunicado que el titular de la oficina especial “es un profesional con experiencia” que se ha desempeñado como coordinador del Programa de Presuntos Desaparecidos de la CNDH; prestó sus servicios en diversas dependencias federales y locales del ámbito de procuración de justicia, de donde proviene su experiencia en materia de investigación y también fue asesor Interregional Externo del Centro para la Prevención del Crimen Internacional de la Oficina de la ONU.
En el ámbito académico, ha impartido las materias de Derecho Penal, Procesal Penal, Garantías Constitucionales, Amparo Penal y Derechos Humanos, entre otras, en universidades e instituciones nacionales, en niveles de maestría y doctorado, refirió el organismo autónomo.
Luis Raúl González Pérez, titular del organismo, puso a cargo de esa encomienda a José T. Larrieta Carrasco, e informó en un comunicado que buscará mantener comunicación directa con los padres de los normalistas desaparecidos y sus representantes, así como con las ONG, nacionales e internacionales, y grupos defensores de derechos humanos que los acompañan, a fin de brindar al caso la atención prioritaria que reclama.
La oficina de nueva creación “deberá fortalecer sus tareas hacia la determinación de conductas u omisiones violatorias de derechos humanos en que algunas autoridades pudieron incurrir antes, durante y después de los referidos acontecimientos”, abundó la CNDH.
Además, Larrieta Carrasco tendrá entre sus funciones impulsar la integración del expediente de queja, procurar la información de toda autoridad que debe proporcionarla y analizar las constancias que obren en averiguaciones previas, del fuero federal y local, para identificar cualquier probable violación a los derechos humanos, así como vigilar que las autoridades agoten todas las líneas de investigación.
La CNDH, señaló en su comunicado que el titular de la oficina especial “es un profesional con experiencia” que se ha desempeñado como coordinador del Programa de Presuntos Desaparecidos de la CNDH; prestó sus servicios en diversas dependencias federales y locales del ámbito de procuración de justicia, de donde proviene su experiencia en materia de investigación y también fue asesor Interregional Externo del Centro para la Prevención del Crimen Internacional de la Oficina de la ONU.
En el ámbito académico, ha impartido las materias de Derecho Penal, Procesal Penal, Garantías Constitucionales, Amparo Penal y Derechos Humanos, entre otras, en universidades e instituciones nacionales, en niveles de maestría y doctorado, refirió el organismo autónomo.
Ya se analiza la estrategia de seguridad tras las ejecuciones, dice comisario de la corporación
“No venimos nada más por este periodo vacacional, venimos a trabajar para brindar seguridad y confianza para que la gente siga llegando a Acapulco”, afirma Hipólito Carreño, pero no responde al pedirle una explicación sobre los asesinatos recientes
Daniel Velázquez
El comisario de la Gendarmería, Hipólito Carreño Avelino, informó que ya se analiza su estrategia de seguridad ante las 18 ejecuciones registradas en Acapulco en los últimos tres días, y que se dieron a 15 días de que la corporación llegó al puerto y a cinco de que anunciaron acciones de vigilancia en 20 colonias.
Carreño Avelino asistió a la ceremonia de presentación del operativo Atención y Seguridad de Turistas Invierno 2014, en el salón Palma Sola del hotel Playa Suites. Después improvisó una conferencia de prensa,
Al comisario se le planteó que la operación desplegada en el puerto, que denominaron Lluvia de Estrellas, se convirtió en lluvia de asesinatos, en referencia a que hasta ayer se había 18 ejecutados.
Hipólito Carreño respondió: “seguimos trabajando, seguimos haciendo presencia, reforzando nuestra estancia aquí en Acapulco, garantizando que el turismo siga llegando. Toda la madrugada estamos viendo cómo siguen ingresando los autobuses, sigue llegando el turismo. Entonces Acapulco es seguro y vamos a seguir reforzando, trabajando en carretera, en la Costa y en las colonias populares”.
Anunció que “en breve” presentarán los resultados de la operación desplegada en el puerto.
Al insistirle en la violencia que hay en la ciudad, afirmó que la Gendarmería está “haciendo presencia” y se trabaja en coordinación con autoridades locales para dar mejores resultados y garantizar la seguridad de los visitantes.
Nuevamente se le preguntó por las ejecuciones ocurridas en el puerto: “estamos trabajando en eso, coordinándonos con las autoridades federales para crear mesas de inteligencia e intercambiar información”.
De si está fallando la estrategia de la Gendarmería, respondió que ya trabajan en ella con una mesa de coordinación con todas las autoridades para un intercambio de informes y garantizar la estancia de los turistas.
“Lo que les podemos decir es que la Gendarmería no viene nada más por este periodo vacacional, venimos a trabajar para brindar seguridad y confianza para que la gente siga llegando a Acapulco”, dijo.
Al preguntarle cómo explicaba la Gendarmería las ejecuciones en el puerto no respondió.
Hipólito Carreño insistió en que los gendarmes están desplegados en todo el municipio y garantizó la seguridad en la avenida Costera para los turistas y patrullajes en las colonias populares.
Indicó que hasta ayer tenían presencia en 80 colonias; “sabemos que hay muchos focos rojos pero estamos trabajando en eso”.
Dijo que la Costera no es una zona de riesgo para los vacacionistas, por eso las operaciones policiales se realizan en la periferia y se mantiene seguridad en el bulevar Vicente Guerrero, que es la zona de ingreso de los visitantes.
Cuando terminó la conferencia el comisario de la Gendarmería se negó a dar declaraciones. Una persona que se identificó como responsable del área de Comunicación Social intento bloquear a los reporteros mientras Hipólito Carreño se retiró apresuradamente.
Cuando los reporteros lo alcanzaron y le pidieron detenerse para contestar otras preguntas, el comisario se negó y mantuvo su paso y caminando invitó a los ciudadanos que denuncien si ven a gente armada, y dijo que ya conocían el numero donde podían hacerlo.
Seguido por los reporteros, señaló que las operaciones de la Gendarmería no han fracasado, “siempre ha habido muertos en todos lados”, atajó, y dijo que hay otras dependencias de seguridad en el puerto, “no solamente es la Gendarmería”.
Al preguntarle qué grupos del crimen son los que se disputan el puerto, respondió que esa información no la podía proporcionar porque es parte de la logística y tienen claro qué grupos son los que se disputan el municipio.
Daniel Velázquez
El comisario de la Gendarmería, Hipólito Carreño Avelino, informó que ya se analiza su estrategia de seguridad ante las 18 ejecuciones registradas en Acapulco en los últimos tres días, y que se dieron a 15 días de que la corporación llegó al puerto y a cinco de que anunciaron acciones de vigilancia en 20 colonias.
Carreño Avelino asistió a la ceremonia de presentación del operativo Atención y Seguridad de Turistas Invierno 2014, en el salón Palma Sola del hotel Playa Suites. Después improvisó una conferencia de prensa,
Al comisario se le planteó que la operación desplegada en el puerto, que denominaron Lluvia de Estrellas, se convirtió en lluvia de asesinatos, en referencia a que hasta ayer se había 18 ejecutados.
Hipólito Carreño respondió: “seguimos trabajando, seguimos haciendo presencia, reforzando nuestra estancia aquí en Acapulco, garantizando que el turismo siga llegando. Toda la madrugada estamos viendo cómo siguen ingresando los autobuses, sigue llegando el turismo. Entonces Acapulco es seguro y vamos a seguir reforzando, trabajando en carretera, en la Costa y en las colonias populares”.
Anunció que “en breve” presentarán los resultados de la operación desplegada en el puerto.
Al insistirle en la violencia que hay en la ciudad, afirmó que la Gendarmería está “haciendo presencia” y se trabaja en coordinación con autoridades locales para dar mejores resultados y garantizar la seguridad de los visitantes.
Nuevamente se le preguntó por las ejecuciones ocurridas en el puerto: “estamos trabajando en eso, coordinándonos con las autoridades federales para crear mesas de inteligencia e intercambiar información”.
De si está fallando la estrategia de la Gendarmería, respondió que ya trabajan en ella con una mesa de coordinación con todas las autoridades para un intercambio de informes y garantizar la estancia de los turistas.
“Lo que les podemos decir es que la Gendarmería no viene nada más por este periodo vacacional, venimos a trabajar para brindar seguridad y confianza para que la gente siga llegando a Acapulco”, dijo.
Al preguntarle cómo explicaba la Gendarmería las ejecuciones en el puerto no respondió.
Hipólito Carreño insistió en que los gendarmes están desplegados en todo el municipio y garantizó la seguridad en la avenida Costera para los turistas y patrullajes en las colonias populares.
Indicó que hasta ayer tenían presencia en 80 colonias; “sabemos que hay muchos focos rojos pero estamos trabajando en eso”.
Dijo que la Costera no es una zona de riesgo para los vacacionistas, por eso las operaciones policiales se realizan en la periferia y se mantiene seguridad en el bulevar Vicente Guerrero, que es la zona de ingreso de los visitantes.
Cuando terminó la conferencia el comisario de la Gendarmería se negó a dar declaraciones. Una persona que se identificó como responsable del área de Comunicación Social intento bloquear a los reporteros mientras Hipólito Carreño se retiró apresuradamente.
Cuando los reporteros lo alcanzaron y le pidieron detenerse para contestar otras preguntas, el comisario se negó y mantuvo su paso y caminando invitó a los ciudadanos que denuncien si ven a gente armada, y dijo que ya conocían el numero donde podían hacerlo.
Seguido por los reporteros, señaló que las operaciones de la Gendarmería no han fracasado, “siempre ha habido muertos en todos lados”, atajó, y dijo que hay otras dependencias de seguridad en el puerto, “no solamente es la Gendarmería”.
Al preguntarle qué grupos del crimen son los que se disputan el puerto, respondió que esa información no la podía proporcionar porque es parte de la logística y tienen claro qué grupos son los que se disputan el municipio.
El repunte de la violencia es por la lucha entre grupos criminales, opina Juárez Escalera
El secretario de Seguridad Pública municipal, el general Marcos Juárez Escalera, informó que el repunte de la violencia en estos dos días se debe a una lucha entre grupos del crimen organizado, lo que ha afectado a personas inocentes como las que convivían ese miércoles en una posada en la colonia Garita.
Consultado durante la presentación de el operativo de Atención y Seguridad de Turistas Invierno 2014, sobre la violencia de los últimos dos días que ha dejado 16 muertos, entre ellos una menor de 7 años, Juárez Escalera dijo que se requiere incrementar la labor de inteligencia de los agentes de la Gendarmería Nacional para dar mayor resultado.
“Tenemos que reconocer que hay un repunte en últimos tres días de hechos violentos en el puerto, eso lo tenemos que trabajar con la gente de la Gendarmería y privilegiar las acciones de inteligencia para ver qué está pasando”, agregó.
Argumentó que se ha detectado una “lucha” de grupos del crimen organizado y “que algunos son vendedores de droga o tienen que ver con alguna situación de ese tipo, hay hechos lamentables y de verdadera barbarie como el que sucedió el miércoles cuando atacaron a unas personas en una posada”.
Al preguntarle si se requiere una reestructuración de estrategia de la Policía Federal, Juárez Escalera respondió que los agentes hacen su trabajo y “han tenido éxito, ayer (miércoles) detuvieron a dos personas importantes relacionadas con el crimen organizado, se trabaja arduamente, necesitan incrementar la labor de inteligencia más que otra cosa”.
“Hay una lucha interna de grupos, esos grupos que están causando esa violencia”, indicó, aunque aclaró que no los tiene identificados pero que se dedican a la venta y trasiego de droga, al secuestro y extorsión.
Insistió en que planteará en la reunión del Grupo de Coordinación un plan táctico para incrementar la labor de inteligencia.
Juárez Escalera argumentó que “podrían ser dos o tres grupos que están peleándose por ahí la distribución de droga”, y que esos hechos suceden en la periferia y en alguna parte del centro de la ciudad.
Del policía parista que fue asesinado, dijo que se inició una investigación interna porque la víctima “había ido a firmar su papeleta y de ahí salió hacia donde lo mataron”, e indicó que “estaba incapacitado”.
Al preguntarle si la avenida Costera está segura, respondió: “la zona turística está totalmente blindada y resguardada”, y que se incrementaron los patrullajes en las colonias con la operación de Lluvia de Estrellas
Consultado durante la presentación de el operativo de Atención y Seguridad de Turistas Invierno 2014, sobre la violencia de los últimos dos días que ha dejado 16 muertos, entre ellos una menor de 7 años, Juárez Escalera dijo que se requiere incrementar la labor de inteligencia de los agentes de la Gendarmería Nacional para dar mayor resultado.
“Tenemos que reconocer que hay un repunte en últimos tres días de hechos violentos en el puerto, eso lo tenemos que trabajar con la gente de la Gendarmería y privilegiar las acciones de inteligencia para ver qué está pasando”, agregó.
Argumentó que se ha detectado una “lucha” de grupos del crimen organizado y “que algunos son vendedores de droga o tienen que ver con alguna situación de ese tipo, hay hechos lamentables y de verdadera barbarie como el que sucedió el miércoles cuando atacaron a unas personas en una posada”.
Al preguntarle si se requiere una reestructuración de estrategia de la Policía Federal, Juárez Escalera respondió que los agentes hacen su trabajo y “han tenido éxito, ayer (miércoles) detuvieron a dos personas importantes relacionadas con el crimen organizado, se trabaja arduamente, necesitan incrementar la labor de inteligencia más que otra cosa”.
“Hay una lucha interna de grupos, esos grupos que están causando esa violencia”, indicó, aunque aclaró que no los tiene identificados pero que se dedican a la venta y trasiego de droga, al secuestro y extorsión.
Insistió en que planteará en la reunión del Grupo de Coordinación un plan táctico para incrementar la labor de inteligencia.
Juárez Escalera argumentó que “podrían ser dos o tres grupos que están peleándose por ahí la distribución de droga”, y que esos hechos suceden en la periferia y en alguna parte del centro de la ciudad.
Del policía parista que fue asesinado, dijo que se inició una investigación interna porque la víctima “había ido a firmar su papeleta y de ahí salió hacia donde lo mataron”, e indicó que “estaba incapacitado”.
Al preguntarle si la avenida Costera está segura, respondió: “la zona turística está totalmente blindada y resguardada”, y que se incrementaron los patrullajes en las colonias con la operación de Lluvia de Estrellas
“Repuntaron los hechos violentos”, acepta Walton, pero niega que esté fracasando la Gendarmería
*A pesar de los hechos el martes y miércoles, que dejaron 16 muertos, afirma el alcalde que hay buenas expectativas para la temporada y se espera una ocupación hotelera de hasta 60 por ciento y de 95 puntos en fin de año
Aurora Harrison
El alcalde Luis Walton Aburto reconoció que repuntaron los hechos violentos en el municipio en los dos últimos días, pero negó que haya fracasado la operación de la Gendarmería Nacional porque, dijo, apenas comenzó.
Después de la presentación de la operación Atención y Seguridad de Turistas Invierno 2014, el alcalde declaró que a pesar de los hechos de violencia del martes y miércoles, que dejaron 16 muertos, hay buenas expectativas de llegada de turistas en los primeros días y se espera una ocupación hotelera de hasta 60 por ciento. Para el fin de año estimó que se llegue al 95 por ciento.
“No podemos apartarnos de que hay un repunte ahorita de la violencia, pero ha sido en estos dos días y esperemos que vuelva la tranquilidad”, dijo sobre los hechos ocurridos el miércoles que dejaron 11 muertos, entre ellos una menor de 7 años que participaba en una posada en la colonia Garita.
Agregó que las estrategias que tengan los efectivos de la Gendarmería Nacional tampoco darán resultados “en cuatro, cinco u ocho días, de alguna manera estábamos más o menos bien y estos últimos dos días repuntó, pero esperemos se llegue a la normalidad”.
Aclaró que no ha fracasado la operación Lluvia de Estrellas del gobierno federal para dar seguridad en las colonias populares y confió en que disminuya el índice de delitos.
Al preguntarle si pedirá que se replantee la estrategia de seguridad ante los dos días de hechos violentos, Walton Aburto respondió que hay reuniones todos los días “pero vamos a pedir una con la Gendarmería, el Ejército y la Marina para ver lo que está sucediendo”.
Consideró que son suficientes los más de mil policías federales que dan seguridad
en el puerto, además de que cuentan con el apoyo de la Marina, Ejército y la Policía Estatal quienes diseñaron una estrategia no sólo para la Costera, sino también para las colonias.
El alcalde justificó que si hay mucha vigilancia en la avenida Costera es porque “tenemos que blindarla para los turistas, que es de donde viene el ingreso (más importante para Acapulco), pero eso no quiere decir que no tenga el mismo derecho (a la seguridad) la Jardín, La Zapata y Ciudad Renacimiento”.
El alcalde se dijo confiado en que se cumplirán las expectativas turísticas pese a los hechos de inseguridad. “Espero que del 20 de diciembre al día último (del año) un promedio de 60 por ciento de ocupación turística como se calcula, pero los últimos días sí al 95 por ciento”.
Negó que hayan bajado las expectativas porque cayeran las reservaciones.
Confió en que la Autopista del Sol esté libre a la circulación, “que no haya bloqueos. Como lo saben, hicimos un llamado a los jóvenes de Ayotzinapa, a los maestros, para que dejen libre las vías de comunicación, que haya una tregua para tener éxito”.
Walton Aburto reconoció que los semáforos en la ciudad no sirven y no se pueden sincronizar, por lo que anunció que se adquirirán nuevos.
Mientras, dijo, los efectivos de la Policía Federal división Gendarmería Nacional apoyan en la vialidad en las zonas con más congestionamiento.
El alcalde informó que ya se pagó el aguinaldo a todos los trabajadores sindicalizados, lista de raya y los supernumerarios, que se dividió en dos partes porque “no tenemos la capacidad económica para hacerlo en una, pero de que se va a pagar, se pagará”.
Confirmó que hubo acuerdos con los secretarios de las cuatro secciones sindicales del SUSPEG de que la segunda quincena de diciembre se pague el 5 de enero.
Aurora Harrison
El alcalde Luis Walton Aburto reconoció que repuntaron los hechos violentos en el municipio en los dos últimos días, pero negó que haya fracasado la operación de la Gendarmería Nacional porque, dijo, apenas comenzó.
Después de la presentación de la operación Atención y Seguridad de Turistas Invierno 2014, el alcalde declaró que a pesar de los hechos de violencia del martes y miércoles, que dejaron 16 muertos, hay buenas expectativas de llegada de turistas en los primeros días y se espera una ocupación hotelera de hasta 60 por ciento. Para el fin de año estimó que se llegue al 95 por ciento.
“No podemos apartarnos de que hay un repunte ahorita de la violencia, pero ha sido en estos dos días y esperemos que vuelva la tranquilidad”, dijo sobre los hechos ocurridos el miércoles que dejaron 11 muertos, entre ellos una menor de 7 años que participaba en una posada en la colonia Garita.
Agregó que las estrategias que tengan los efectivos de la Gendarmería Nacional tampoco darán resultados “en cuatro, cinco u ocho días, de alguna manera estábamos más o menos bien y estos últimos dos días repuntó, pero esperemos se llegue a la normalidad”.
Aclaró que no ha fracasado la operación Lluvia de Estrellas del gobierno federal para dar seguridad en las colonias populares y confió en que disminuya el índice de delitos.
Al preguntarle si pedirá que se replantee la estrategia de seguridad ante los dos días de hechos violentos, Walton Aburto respondió que hay reuniones todos los días “pero vamos a pedir una con la Gendarmería, el Ejército y la Marina para ver lo que está sucediendo”.
Consideró que son suficientes los más de mil policías federales que dan seguridad
en el puerto, además de que cuentan con el apoyo de la Marina, Ejército y la Policía Estatal quienes diseñaron una estrategia no sólo para la Costera, sino también para las colonias.
El alcalde justificó que si hay mucha vigilancia en la avenida Costera es porque “tenemos que blindarla para los turistas, que es de donde viene el ingreso (más importante para Acapulco), pero eso no quiere decir que no tenga el mismo derecho (a la seguridad) la Jardín, La Zapata y Ciudad Renacimiento”.
El alcalde se dijo confiado en que se cumplirán las expectativas turísticas pese a los hechos de inseguridad. “Espero que del 20 de diciembre al día último (del año) un promedio de 60 por ciento de ocupación turística como se calcula, pero los últimos días sí al 95 por ciento”.
Negó que hayan bajado las expectativas porque cayeran las reservaciones.
Confió en que la Autopista del Sol esté libre a la circulación, “que no haya bloqueos. Como lo saben, hicimos un llamado a los jóvenes de Ayotzinapa, a los maestros, para que dejen libre las vías de comunicación, que haya una tregua para tener éxito”.
Walton Aburto reconoció que los semáforos en la ciudad no sirven y no se pueden sincronizar, por lo que anunció que se adquirirán nuevos.
Mientras, dijo, los efectivos de la Policía Federal división Gendarmería Nacional apoyan en la vialidad en las zonas con más congestionamiento.
El alcalde informó que ya se pagó el aguinaldo a todos los trabajadores sindicalizados, lista de raya y los supernumerarios, que se dividió en dos partes porque “no tenemos la capacidad económica para hacerlo en una, pero de que se va a pagar, se pagará”.
Confirmó que hubo acuerdos con los secretarios de las cuatro secciones sindicales del SUSPEG de que la segunda quincena de diciembre se pague el 5 de enero.
El PRI cumple rigurosamente procesos internos Para definir a sus candidatos para el 2015: CSR
El PRI Guerrero cumple rigurosamente los procesos internos que servirán para definir a sus candidatos a los distintos cargos de elección popular que contenderán en las próximas elecciones del 2015, por lo que avanza con paso seguro al triunfo en la mayoría de los cargos disputados para diputados locales, diputados federales, las presidencias municipales y la gubernatura, aseguró en una entrevista el presidente de ese instituto político, Cuauhtémoc Salgado Romero.
Tras ser cuestionado en relación de las declaraciones hechas por el dirigente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, respecto a la rigurosa selección de los candidatos priistas mediante los órganos de procesos internos, tanto nacional como estatal, Salgado Romero, dijo que las dirigencias estatales se adecuan a la diversidad de cada entidad y sus distintos municipios para conformar la unidad nacional que haga un partido fuerte para beneficio de la población.
Cuauhtémoc Salgado explicó que la selección de los aspirantes a los distintos cargos que se disputarán en los comicios del año entrante, será mediante convención de delegados o a través de la comisión de postulación de candidatos, procesos que marchan bastante bien en las instancias partidistas que han realizado un trabajo muy profesional y transparente; pues “los organismos e instancias partidarias encargados del proceso electoral están sólidamente formados”.
Subrayó que el presidente del CEN del PRI, Cesar Camacho, así se los hizo saber a los dirigentes de los Comités Directivos Estatales del tricolor para que afinen las metas, así como para que conozcan de manera plena y cabal las normas constitucionales, legales, estatutarias y las del sentido común, y les dio algunas recomendaciones prácticas y operativas que pondrán en marcha, en sus respectivas entidades, finalizó el líder del PRI Guerrero.
miércoles, 17 de diciembre de 2014
Protestan trabajadores de DIF Guerrero para exigir el pago de quincenas atrasadas
Trabajadores del DIF Guerrero protestaron en las oficinas del Centro de Rehabilitación Integral Guerrerense (CRIG) y bloquearon un carril del río Huacapa, para exigir al gobernador Rogelio Ortega Martínez, el pago de dos quincenas atrasadas, vales de despensa, fondo de ahorro, prima vacacional y aguinaldos.
A las 9 de la mañana, un grupo de 70 inconformes llegó afuera de las oficinas del CRIG y después de dos horas, colocaron una camioneta atravesada en el carril sur-norte del río Huacapa, con el fin de presionar a los funcionarios del gobierno estatal para atender sus peticiones.
El secretario de Prensa y Propaganda del sindicato del DIF Guerrero, Aristeo Mora Castro, comentó que no recibieron el pago de las dos quincena que corresponden a este mes, lo que afecta a 700 trabajadores de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendi), almacenes regionales en el municipio de Acapulco, Ometepec, Chilpancingo, Ciudad Altamirano, Tlapa y Tecpan.
Dijo que los funcionarios del DIF estatal les informaron que el lunes les pagarían las dos quincenas, vales de despensa, fondo de ahorro, prima vacacional y el aguinaldo, lo cual no ocurrió.
Comentó que el problema es que el gobierno del estado no ha liberado el recurso económico para pagar a los trabajadores del DIF estatal.
Recordó que en noviembre los trabajadores realizaron movilizaciones en la dependencia, porque estaban en contra de los contratos unilaterales, “nos pidieron, los nuevos funcionarios del DIF Guerrero, un tiempo para atender sus peticiones, lo cual han retirado los trabajadores unilaterales”.
Consultado por teléfono, Aristeo Mora Castro informó que llegó al lugar del bloqueo un funcionario de Administración y Finanzas del DIF Guerrero, quien les comentó que a partir de las 3 de la tarde les depositarían el dinero que le corresponde a las dos quincenas de este mes, fondo de apoyo y prima vacacional.
Dijo que al verificar el pago de su salario y otros beneficios, se retiraron del CRIG y desbloquearon el carril sur-norte del río Huacapa.
A las 9 de la mañana, un grupo de 70 inconformes llegó afuera de las oficinas del CRIG y después de dos horas, colocaron una camioneta atravesada en el carril sur-norte del río Huacapa, con el fin de presionar a los funcionarios del gobierno estatal para atender sus peticiones.
El secretario de Prensa y Propaganda del sindicato del DIF Guerrero, Aristeo Mora Castro, comentó que no recibieron el pago de las dos quincena que corresponden a este mes, lo que afecta a 700 trabajadores de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendi), almacenes regionales en el municipio de Acapulco, Ometepec, Chilpancingo, Ciudad Altamirano, Tlapa y Tecpan.
Dijo que los funcionarios del DIF estatal les informaron que el lunes les pagarían las dos quincenas, vales de despensa, fondo de ahorro, prima vacacional y el aguinaldo, lo cual no ocurrió.
Comentó que el problema es que el gobierno del estado no ha liberado el recurso económico para pagar a los trabajadores del DIF estatal.
Recordó que en noviembre los trabajadores realizaron movilizaciones en la dependencia, porque estaban en contra de los contratos unilaterales, “nos pidieron, los nuevos funcionarios del DIF Guerrero, un tiempo para atender sus peticiones, lo cual han retirado los trabajadores unilaterales”.
Consultado por teléfono, Aristeo Mora Castro informó que llegó al lugar del bloqueo un funcionario de Administración y Finanzas del DIF Guerrero, quien les comentó que a partir de las 3 de la tarde les depositarían el dinero que le corresponde a las dos quincenas de este mes, fondo de apoyo y prima vacacional.
Dijo que al verificar el pago de su salario y otros beneficios, se retiraron del CRIG y desbloquearon el carril sur-norte del río Huacapa.
A medianoche envió el gobernador al Congreso la terna para nombrar al fiscal
Minutos antes de que concluyera el plazo para que el gobernador enviara la terna de aspirantes a la Fiscalía General del Estado (FGE) al Congreso local, le hizo llegar los nombres de Miguel Ángel Godínez Muñoz, José Luis Gallegos Peralta y Ezequiel Larumbe Radilla.
Trece minutos antes de las 12 de la noche del lunes, el gobierno del estado entregó al Congreso local la terna de especialistas en derecho penal de la que el Congreso local elegirá al nuevo fiscal del estado.
Desde el 13 de noviembre el ex fiscal Iñaky Blanco Cabrera renunció a su cargo y el 18 de noviembre el pleno aprobó por unanimidad la convocatoria para la selección de aspirantes y designación del Fiscal, y la Comisión de Gobierno hizo una lista 13 aspirantes que envió al gobernador; el lunes se cumplió el plazo de 10 días que la ley y la convocatoria marcan para que el Ejecutivo regresara la terna.
Pero hasta las 8:30 de la noche no había llegado al Congreso, y el secretario General de Gobierno, David Cienfuegos Salgado, no contestó las llamadas ni mensajes telefónicos de la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Laura Arizmendi Campos, y finalmente llegó a las 11:47 de la noche, cuando los diputados ya habían citado hasta el viernes para sesionar.
La convocatoria marca que una vez recibida la terna, los seleccionados comparecerán ante la Comisión de Gobierno para la exposición de su plan de trabajo y habrá para un tiempo para observaciones, preguntas y respuestas de los diputados; después de la etapa de comparecencias los legisladores, presentarán la terna al pleno del Congreso que elegirá al nuevo fiscal por las dos terceras partes de los miembros.
Miguel Ángel Godínez Muñoz es originario de Acapulco, tiene 38 años y es maestro en procuración de justicia federal.
Según la información que entregó al Congreso fue investigador legal internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y agente federal investigador comisionado a la Interpol.
José Luis Gallegos Peralta es originario del estado de Coahuila y reside en Acapulco desde 1985; es maestro en derecho penal y juicios orales, y ha ocupado cargos públicos en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) como ministerio público.
El tercer aspirante es Ezequiel Larumbe Radilla, quien es maestro en derecho fiscal con especialidad en derecho aduanero; fue presidente del Consejo Directivo del Colegio de Abogados, y actualmente es integrante de consejos de participación ciudadana en el estado.
Trece minutos antes de las 12 de la noche del lunes, el gobierno del estado entregó al Congreso local la terna de especialistas en derecho penal de la que el Congreso local elegirá al nuevo fiscal del estado.
Desde el 13 de noviembre el ex fiscal Iñaky Blanco Cabrera renunció a su cargo y el 18 de noviembre el pleno aprobó por unanimidad la convocatoria para la selección de aspirantes y designación del Fiscal, y la Comisión de Gobierno hizo una lista 13 aspirantes que envió al gobernador; el lunes se cumplió el plazo de 10 días que la ley y la convocatoria marcan para que el Ejecutivo regresara la terna.
Pero hasta las 8:30 de la noche no había llegado al Congreso, y el secretario General de Gobierno, David Cienfuegos Salgado, no contestó las llamadas ni mensajes telefónicos de la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Laura Arizmendi Campos, y finalmente llegó a las 11:47 de la noche, cuando los diputados ya habían citado hasta el viernes para sesionar.
La convocatoria marca que una vez recibida la terna, los seleccionados comparecerán ante la Comisión de Gobierno para la exposición de su plan de trabajo y habrá para un tiempo para observaciones, preguntas y respuestas de los diputados; después de la etapa de comparecencias los legisladores, presentarán la terna al pleno del Congreso que elegirá al nuevo fiscal por las dos terceras partes de los miembros.
Miguel Ángel Godínez Muñoz es originario de Acapulco, tiene 38 años y es maestro en procuración de justicia federal.
Según la información que entregó al Congreso fue investigador legal internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y agente federal investigador comisionado a la Interpol.
José Luis Gallegos Peralta es originario del estado de Coahuila y reside en Acapulco desde 1985; es maestro en derecho penal y juicios orales, y ha ocupado cargos públicos en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) como ministerio público.
El tercer aspirante es Ezequiel Larumbe Radilla, quien es maestro en derecho fiscal con especialidad en derecho aduanero; fue presidente del Consejo Directivo del Colegio de Abogados, y actualmente es integrante de consejos de participación ciudadana en el estado.
El sábado decidirá el PRD el método para designar a su candidato a gobernador para 2015
El Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD aprobó la convocatoria para su Consejo Estatal, que se realizará el 20 de diciembre, en el que se elegirá el método de selección de su candidato a gobernador.
En el Consejo se elegirá con los votos de por lo menos dos tercios el método de selección de candidatos a gobernador, diputados locales y ayuntamientos.
También se aprobarán las tres convocatorias para el registro de los aspirantes a gobernador, diputados locales por mayoría relativa y plurinominal y a los ayuntamientos.
El presidente del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán, informó que el Consejo Estatal está convocado para realizarse el 20 de diciembre en Chilpancingo.
Se le preguntó por la retención de sus correligionarios por el movimiento que exige la presentación con vida de los estudiantes normalistas y el temor de algunos perredistas a acciones similares, pero dijo que el PRD no se siente perseguido y que el CE se realizará en Chilpancingo.
En sesión del CEE se realizó ayer un corte de los Comités Ejecutivos Municipales electos, y hasta ayer había 64 de los 81.
Entre otros, los municipios que faltan son Chilapa, José Joaquín de Herrera, Benito Juárez, Pilcaya, Tecoanapa, Cutzamala, Apaxtla, Copala, Cocula, Cuetzala, Ixcateopan y Taxco.
El secretario de Difusión y Propaganda del PRD, Juan Adán Tabares, informó que éstos ya están por concretarse, “muy avanzados” en las negociaciones entre las corrientes.
Pero hay cinco municipios de la Montaña a los que “se les dará un tratamiento diferente” por el contexto social a partir de la presencia del movimiento que exige la presentación con vida de los ahora 42 estudiantes detenidos y desaparecidos por las policías municipales de Iguala y Cocula el 26 de septiembre.
En la región de la Montaña falta elegir a los Comités Ejecutivos Municipales de Tlapa, Copanatoyac, Atlamajalcingo, Alpoyeca y Cualac.
En el Consejo se elegirá con los votos de por lo menos dos tercios el método de selección de candidatos a gobernador, diputados locales y ayuntamientos.
También se aprobarán las tres convocatorias para el registro de los aspirantes a gobernador, diputados locales por mayoría relativa y plurinominal y a los ayuntamientos.
El presidente del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán, informó que el Consejo Estatal está convocado para realizarse el 20 de diciembre en Chilpancingo.
Se le preguntó por la retención de sus correligionarios por el movimiento que exige la presentación con vida de los estudiantes normalistas y el temor de algunos perredistas a acciones similares, pero dijo que el PRD no se siente perseguido y que el CE se realizará en Chilpancingo.
En sesión del CEE se realizó ayer un corte de los Comités Ejecutivos Municipales electos, y hasta ayer había 64 de los 81.
Entre otros, los municipios que faltan son Chilapa, José Joaquín de Herrera, Benito Juárez, Pilcaya, Tecoanapa, Cutzamala, Apaxtla, Copala, Cocula, Cuetzala, Ixcateopan y Taxco.
El secretario de Difusión y Propaganda del PRD, Juan Adán Tabares, informó que éstos ya están por concretarse, “muy avanzados” en las negociaciones entre las corrientes.
Pero hay cinco municipios de la Montaña a los que “se les dará un tratamiento diferente” por el contexto social a partir de la presencia del movimiento que exige la presentación con vida de los ahora 42 estudiantes detenidos y desaparecidos por las policías municipales de Iguala y Cocula el 26 de septiembre.
En la región de la Montaña falta elegir a los Comités Ejecutivos Municipales de Tlapa, Copanatoyac, Atlamajalcingo, Alpoyeca y Cualac.
martes, 16 de diciembre de 2014
Cambiarán a un subsecretario de Seguridad Pública por un militar por orden del secretario
El subsecretario de Prevención y Operación Policial, Juan José Gatica Martínez será removido del cargo y en su lugar quedará el mayor de Arma Blindada, Juan Pablo Vázquez Navarro por órdenes del secretario de Seguridad Pública del estado, el general brigadier Pedro Almazán Cervantes.
Gatica Martínez asumió la subsecretaría en enero de este año, pocos días después de que el exsecretario de Seguridad Pública Leonardo Vázquez Pérez fuera nombrado, pero dejó el cargo 27 de octubre, presentó su renuncia a una de las dependencias más criticadas por posibles omisiones durante los ataques de policías a estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala.
Según fuentes de la SSP, la remoción de Gatica Martínez ayer sólo era verbal, pero se supo que ya estaba en el proceso de entrega-recepción con quien ocupará el cargo, Juan Pablo Vázquez Navarro.
Dicho cambio, según las fuentes, fue ordenado por el secretario de Seguridad Pública, quien el 7 de noviembre llegó al cargo, y su justificación fue que ingrese gente de su confianza, quienes serán militares.
Gatica Martínez asumió la subsecretaría en enero de este año, pocos días después de que el exsecretario de Seguridad Pública Leonardo Vázquez Pérez fuera nombrado, pero dejó el cargo 27 de octubre, presentó su renuncia a una de las dependencias más criticadas por posibles omisiones durante los ataques de policías a estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala.
Según fuentes de la SSP, la remoción de Gatica Martínez ayer sólo era verbal, pero se supo que ya estaba en el proceso de entrega-recepción con quien ocupará el cargo, Juan Pablo Vázquez Navarro.
Dicho cambio, según las fuentes, fue ordenado por el secretario de Seguridad Pública, quien el 7 de noviembre llegó al cargo, y su justificación fue que ingrese gente de su confianza, quienes serán militares.
Solicita la PGR 20 días más de arraigo para la esposa del ex alcalde de Iguala
La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó 20 días más de arraigo en contra de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del exalcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez, con el fin de recabar más evidencias y presentar un caso sólido ante los tribunales.
Tanto Pineda Villa como Abarca Velázquez son investigados por su presunta autoría intelectual en la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el viernes 26 de septiembre. El segundo se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
Autoridades de la dependencia informaron que este lunes la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) solicitó la ampliación de la medida cautelar, después de que ayer concluyó el plazo de 40 días de arraigo.
Según el procurador de la República, Jesús Murillo Karam, José Luis Abarca, quien fue detenido junto a María de los Ángeles Pineda el 4 de noviembre, tenía designado en la comunicación interna de la Policía Municipal el código A-5, clave de la persona que dio la orden de contener a las jóvenes que viajaban en los autobuses atacados por agentes municipales de Iguala y Cocula.
En ese evento los policías municipales privaron de la vida a tres normalistas e incluso uno de ellos fue desollado.
El expresidente municipal se encontraba en esos momentos en el informe que daba su esposa sobre sus actividades al frente del DIF local y sobre quien se avanza en la investigación por su relación con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, igual que Abarca Velázquez.
Según Murillo Karam, después del primer ataque que sufren los normalistas, y al continuar su camino en los autobuses, efectivos de la Policía Municipal de Iguala retienen a los normalistas violentamente y los trasladan a la central policiaca, desde ese punto y con apoyo de uniformados de Cocula trasladan en patrullas a los jóvenes hasta un punto entre Iguala y Cocula, en que se abre una brecha hacia la zona que se denomina Loma de Coyote.
Para la PGR quedó acreditado que en este punto, entre Iguala y Cocula, los policías municipales entregaron a los estudiantes detenidos a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
Tanto Pineda Villa como Abarca Velázquez son investigados por su presunta autoría intelectual en la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el viernes 26 de septiembre. El segundo se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
Autoridades de la dependencia informaron que este lunes la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) solicitó la ampliación de la medida cautelar, después de que ayer concluyó el plazo de 40 días de arraigo.
Según el procurador de la República, Jesús Murillo Karam, José Luis Abarca, quien fue detenido junto a María de los Ángeles Pineda el 4 de noviembre, tenía designado en la comunicación interna de la Policía Municipal el código A-5, clave de la persona que dio la orden de contener a las jóvenes que viajaban en los autobuses atacados por agentes municipales de Iguala y Cocula.
En ese evento los policías municipales privaron de la vida a tres normalistas e incluso uno de ellos fue desollado.
El expresidente municipal se encontraba en esos momentos en el informe que daba su esposa sobre sus actividades al frente del DIF local y sobre quien se avanza en la investigación por su relación con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, igual que Abarca Velázquez.
Según Murillo Karam, después del primer ataque que sufren los normalistas, y al continuar su camino en los autobuses, efectivos de la Policía Municipal de Iguala retienen a los normalistas violentamente y los trasladan a la central policiaca, desde ese punto y con apoyo de uniformados de Cocula trasladan en patrullas a los jóvenes hasta un punto entre Iguala y Cocula, en que se abre una brecha hacia la zona que se denomina Loma de Coyote.
Para la PGR quedó acreditado que en este punto, entre Iguala y Cocula, los policías municipales entregaron a los estudiantes detenidos a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
Insta la CNDH a Peña Nieto a aceptar la competencia del comité de la ONU para desapariciones forzadas
*El Estado está obligado a dar cumplimiento cabal e integral a sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos”, dice. El exhorto reconoce “los vergonzosos hechos ocurridos con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa”
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhortó al Estado mexicano a aceptar “a la brevedad” la competencia del Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y le recordó que “está obligado” a cumplir con sus compromisos internacionales en la materia.
Lo anterior, ante los “vergonzosos hechos” ocurridos con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las desapariciones forzadas en otros estados y el legítimo reclamo de verdad y justicia.
Además, la CNDH exhortó al Poder Legislativo a que realice las reformas necesarias para crear la Ley General de Desaparición Forzada, que homologue el tipo penal de desaparición con los estándares internacionales, y que adopte políticas públicas para la búsqueda de los desaparecidos, porque “son medidas a las que un Estado democrático de derecho debe aspirar para lograr la plena vigencia de los derechos humanos”.
En un comunicado fundamentado en siete puntos, el organismo subrayó “la importancia y urgencia de la aceptación de la competencia del Comité Contra la Desaparición Forzada como un acto de congruencia entre las políticas interior y exterior en México, para generar condiciones tendentes a garantizar la investigación y sanción de este delito, así como el que se hagan realidad los derechos irrenunciables a la verdad, justicia y reparación integral”.
“El Estado mexicano debe aceptar la competencia del comité”, tituló el mensaje, y exhortó a ello al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto con base en el artículo 31 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas, porque es “un delito grave, complejo y pluriofensivo” realizado por varias personas, violando distintos derechos fundamentales, y “perdura en el tiempo”.
Además, afirmó que todas las desapariciones forzadas le quitan a las víctimas la protección de la ley y produce “graves sufrimientos” no sólo a la persona sino a su familia y a la sociedad, y es una violación grave a los derechos humanos prevista en los tratados internacionales pactados por México.
“Tras los vergonzosos hechos ocurridos con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y del legítimo reclamo de verdad y de justicia de los familiares de las víctimas, de la sociedad mexicana en su conjunto y de la comunidad internacional, con el fin de resolver estos oprobiosos casos, así como las desapariciones forzadas producidas en diversos estados de la República, esta Comisión Nacional recuerda que el Estado mexicano está obligado a dar cumplimiento, cabal e integral, a sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos”, acentuó.
Recordó también que el gobierno de México “tiene pendiente” cumplir con dos recomendaciones de mecanismos internacionales de derechos humanos que solicitaron “sin demora” que aceptara la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada: el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias y el Mecanismo de Examen Periódico Universal.
Agregó que el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 incluye atender las problemáticas más señaladas por organismos nacionales e internacionales y que el gobierno asumió el compromiso de promover el reconocimiento de la competencia del Comité de la ONU.
También destacó que en su programa de trabajo expuesto ante el Senado, el ombudsman nacional, Raúl González Pérez, se comprometió a adoptar y dar seguimiento a las recomendaciones de mecanismos internacionales y regionales y acompañar a las víctimas.
“En cumplimiento del mandato constitucional previsto en el artículo 102-B, (la CNDH) exhorta al Ejecutivo Federal a tomar las medidas necesarias para que México acepte a la brevedad la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicción o en nombre de ellas, que aleguen ser víctima de violaciones”, concluyó.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhortó al Estado mexicano a aceptar “a la brevedad” la competencia del Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y le recordó que “está obligado” a cumplir con sus compromisos internacionales en la materia.
Lo anterior, ante los “vergonzosos hechos” ocurridos con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las desapariciones forzadas en otros estados y el legítimo reclamo de verdad y justicia.
Además, la CNDH exhortó al Poder Legislativo a que realice las reformas necesarias para crear la Ley General de Desaparición Forzada, que homologue el tipo penal de desaparición con los estándares internacionales, y que adopte políticas públicas para la búsqueda de los desaparecidos, porque “son medidas a las que un Estado democrático de derecho debe aspirar para lograr la plena vigencia de los derechos humanos”.
En un comunicado fundamentado en siete puntos, el organismo subrayó “la importancia y urgencia de la aceptación de la competencia del Comité Contra la Desaparición Forzada como un acto de congruencia entre las políticas interior y exterior en México, para generar condiciones tendentes a garantizar la investigación y sanción de este delito, así como el que se hagan realidad los derechos irrenunciables a la verdad, justicia y reparación integral”.
“El Estado mexicano debe aceptar la competencia del comité”, tituló el mensaje, y exhortó a ello al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto con base en el artículo 31 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas, porque es “un delito grave, complejo y pluriofensivo” realizado por varias personas, violando distintos derechos fundamentales, y “perdura en el tiempo”.
Además, afirmó que todas las desapariciones forzadas le quitan a las víctimas la protección de la ley y produce “graves sufrimientos” no sólo a la persona sino a su familia y a la sociedad, y es una violación grave a los derechos humanos prevista en los tratados internacionales pactados por México.
“Tras los vergonzosos hechos ocurridos con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y del legítimo reclamo de verdad y de justicia de los familiares de las víctimas, de la sociedad mexicana en su conjunto y de la comunidad internacional, con el fin de resolver estos oprobiosos casos, así como las desapariciones forzadas producidas en diversos estados de la República, esta Comisión Nacional recuerda que el Estado mexicano está obligado a dar cumplimiento, cabal e integral, a sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos”, acentuó.
Recordó también que el gobierno de México “tiene pendiente” cumplir con dos recomendaciones de mecanismos internacionales de derechos humanos que solicitaron “sin demora” que aceptara la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada: el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias y el Mecanismo de Examen Periódico Universal.
Agregó que el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 incluye atender las problemáticas más señaladas por organismos nacionales e internacionales y que el gobierno asumió el compromiso de promover el reconocimiento de la competencia del Comité de la ONU.
También destacó que en su programa de trabajo expuesto ante el Senado, el ombudsman nacional, Raúl González Pérez, se comprometió a adoptar y dar seguimiento a las recomendaciones de mecanismos internacionales y regionales y acompañar a las víctimas.
“En cumplimiento del mandato constitucional previsto en el artículo 102-B, (la CNDH) exhorta al Ejecutivo Federal a tomar las medidas necesarias para que México acepte a la brevedad la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicción o en nombre de ellas, que aleguen ser víctima de violaciones”, concluyó.
Más recursos para la Normal de Ayotzinapa, demanda Héctor Astudillo en el Congreso
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
Después de las agresiones contra estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en las que fueron asesinados cuatro estudiantes y por las que hasta la fecha continúan desaparecidos 42, el priista Héctor Astudillo Flores pidió “más recursos económicos” para la escuela para atender “sus carencias”, aunque éstas son las mismas por las que se han manifestado los estudiantes año tras año.
Astudillo Flores intervino ante el pleno del Congreso local para solicitar un mayor presupuesto en 2015 para educación, cultura y seguridad social, como el incremento de 30 millones de pesos para “reforzar” la infraestructura de la Normal de Ayotzinapa, después de que los estudiantes fueron víctimas en diferentes momentos de agresiones armadas de elementos policiacos.
El priista dijo que “el presupuesto que el Congreso ha aprobado a la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa no ha permitido transformar la infraestructura física y operacional de la institución, la urgencia es que haya una remodelación profunda de las instalaciones”.
Insistió en que los normalistas están en abandono y condiciones indignas, habló de “los pisos quebrados, puertas y vidrios rotos, paredes y techos carcomidos por la humedad, camas oxidadas, baños inservibles, colchones viejos, red de agua y drenaje colapsada”.
Agregó Astudillo Flores que esas carencias obligan a los alumnos a realizar actividades de boteo y colectas.
En un segundo exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 60 Legislatura, demandó que sean considerados 140 millones de pesos para el pago de aguinaldo y retroactivo de jubilados y pensionados del ISSSPEG, quienes a finales de 2014, así como una partida presupuestal especial para la construcción de un edificio con aula prototipo de medios audiovisuales, auditorio y espacio de usos múltiples de tres niveles para la Unidad Académica de Derecho de la UAG.
También en la primera sesión de cuatro que hubo ayer en el Congreso local, a nombre de la fracción del PAN, la coordinadora Delfina Concepción Oliva Hernández presentó un exhorto al gobierno federal a detener “inmediatamente los constantes e injustificados aumentos en el precio de la gasolina”, con el fin de que no se siga causando “agravio a la economía familiar”.
La fracción del PAN que a nivel nacional es aliado del PRI y que avaló la mayoría de las reformas y propuestas de Enrique Peña Nieto, exhortó también a las comisiones de Energía y de Hacienda y Crédito Público del Congreso de la Unión, para que emitan “un decreto” que detenga el alza a los precios de la gasolinas.
Asimismo, llamar a dichas comisiones para que soliciten al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, un informe pormenorizado y la documentación necesaria que refleje el destino de los recursos generados por los reiterados aumentos en el precio de las gasolinas.
Delfina Oliva Hernández recordó que Guerrero enfrenta una “grave situación de pobreza” y que como consecuencia del aumento del costo de la gasolina se encarecen los productos de la canasta básica.
Calificó como “ambición desmedida” del gobierno federal el incremento a la gasolina y “la mala conducción de las políticas fiscales a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que de manera autoritaria y sin precedentes similares, han perpetuado la situación de pobreza en que viven las familias mexicanas, mediante el alza constante y desproporcionada de los precios a las gasolinas, lo que provoca el consecuente aumento de cualquier producto porque se encarece la cadena de producción”.
La panista cuestionó cómo piensa el gobierno federal sacar de la pobreza al país, al tiempo que lo encarece todo.
Aprobación de leyes de ingresos
De los 68 municipios que presentaron leyes de ingresos al Congreso local, 60 fueron ya fueron aprobados en las sesiones de ayer y faltan ocho, entre los que se encuentran Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco, Zihuatanejo y Chilapa y están por revisar los casos de Apaxtla y Pilcaya.
En el caso de Apaxtla se someterá a la ley general y de Pilcaya no reunieron algunos requisitos técnicos, como las firmas necesarias del cabildo, explicó el diputado Alejandro Arcos Catalán.
Los municipios a los que les aprobaron sus leyes de ingresos son: Azoyú, Ayutla, Tixtla, Alpo-yeca, Benito Juárez, Leonardo Bra-vo, Tlalixtaquilla, Huitzuco, Tepe-coacuilco, Petatlán, San Miguel Totolapan, Tlapa, Zirándaro, San Marcos, Quechultenango, Malinal-tepec, Cuajinicuilapa, Mochitlán, Pungarabato, Cutzamala, Coyuca de Beníitez, Atoyac, Arcelia, Copalillo y Juchitán.
También Eduardo Neri, San Luis Acatlán, Tlapehuala, Igualapa, Cuetzala, Tecpan, Tetipac, Cocula, Buenavista de Cuéllar, Pedro Ascencio de Alquisiras, Ahuacuot-zingo, Marquelia, Atenango del Río, Coyuca de Catalán, Teloloa-pan, Florencio Villarreal, Tecoana-pa, Ixcateopan, Juan R. Escudero, Tlacoachistlahuaca, La Unión, Alcozahuca, Xochistlahuaca, Cuau-tepec, Atlixtac, Huamuxtitlán y Heliodoro Castillo.
Y las tablas de valores de Azo-yú, Ayutla, Tixtla, Alpoyeca, Benito Juárez, Leonardo Bravo, Tlalixta-quilla, Huitzuco, Tepecoacuilco, Petatlán, San Miguel Totolapan, Tlapa, Zirándaro, San Marcos, Que-chultenango, Malinaltepec, Cuajini-cuilapa, Mochitlán, Pungarabato, Cutzamala, Coyuca de Benítez, Atoyac, Arcelia, Copalillo y Acapulco.
También a San Luis Acatlán, Tlapehuala, Igualapa, Cuetzala, Tecpan, Tetipac, Cocula, Buena-vista de Cuéllar, Pedro Ascencio de Alquisiras, Ahuacuotzingo, Mar-quelia, Atenango del Río, Coyuca de Catalán, Teloloapan, Florencio Villarreal, Tecoanapa, Ixcateopan, Juan R. Escudero, Tlacoachis-tlahuaca, La Unión, Alcozauca, Xo-chistlahuaca, Cuautepec, Atlixtac, Huamuxtitlán y Heliodoro Castillo.
Chilpancingo
Después de las agresiones contra estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en las que fueron asesinados cuatro estudiantes y por las que hasta la fecha continúan desaparecidos 42, el priista Héctor Astudillo Flores pidió “más recursos económicos” para la escuela para atender “sus carencias”, aunque éstas son las mismas por las que se han manifestado los estudiantes año tras año.
Astudillo Flores intervino ante el pleno del Congreso local para solicitar un mayor presupuesto en 2015 para educación, cultura y seguridad social, como el incremento de 30 millones de pesos para “reforzar” la infraestructura de la Normal de Ayotzinapa, después de que los estudiantes fueron víctimas en diferentes momentos de agresiones armadas de elementos policiacos.
El priista dijo que “el presupuesto que el Congreso ha aprobado a la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa no ha permitido transformar la infraestructura física y operacional de la institución, la urgencia es que haya una remodelación profunda de las instalaciones”.
Insistió en que los normalistas están en abandono y condiciones indignas, habló de “los pisos quebrados, puertas y vidrios rotos, paredes y techos carcomidos por la humedad, camas oxidadas, baños inservibles, colchones viejos, red de agua y drenaje colapsada”.
Agregó Astudillo Flores que esas carencias obligan a los alumnos a realizar actividades de boteo y colectas.
En un segundo exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 60 Legislatura, demandó que sean considerados 140 millones de pesos para el pago de aguinaldo y retroactivo de jubilados y pensionados del ISSSPEG, quienes a finales de 2014, así como una partida presupuestal especial para la construcción de un edificio con aula prototipo de medios audiovisuales, auditorio y espacio de usos múltiples de tres niveles para la Unidad Académica de Derecho de la UAG.
También en la primera sesión de cuatro que hubo ayer en el Congreso local, a nombre de la fracción del PAN, la coordinadora Delfina Concepción Oliva Hernández presentó un exhorto al gobierno federal a detener “inmediatamente los constantes e injustificados aumentos en el precio de la gasolina”, con el fin de que no se siga causando “agravio a la economía familiar”.
La fracción del PAN que a nivel nacional es aliado del PRI y que avaló la mayoría de las reformas y propuestas de Enrique Peña Nieto, exhortó también a las comisiones de Energía y de Hacienda y Crédito Público del Congreso de la Unión, para que emitan “un decreto” que detenga el alza a los precios de la gasolinas.
Asimismo, llamar a dichas comisiones para que soliciten al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, un informe pormenorizado y la documentación necesaria que refleje el destino de los recursos generados por los reiterados aumentos en el precio de las gasolinas.
Delfina Oliva Hernández recordó que Guerrero enfrenta una “grave situación de pobreza” y que como consecuencia del aumento del costo de la gasolina se encarecen los productos de la canasta básica.
Calificó como “ambición desmedida” del gobierno federal el incremento a la gasolina y “la mala conducción de las políticas fiscales a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que de manera autoritaria y sin precedentes similares, han perpetuado la situación de pobreza en que viven las familias mexicanas, mediante el alza constante y desproporcionada de los precios a las gasolinas, lo que provoca el consecuente aumento de cualquier producto porque se encarece la cadena de producción”.
La panista cuestionó cómo piensa el gobierno federal sacar de la pobreza al país, al tiempo que lo encarece todo.
Aprobación de leyes de ingresos
De los 68 municipios que presentaron leyes de ingresos al Congreso local, 60 fueron ya fueron aprobados en las sesiones de ayer y faltan ocho, entre los que se encuentran Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco, Zihuatanejo y Chilapa y están por revisar los casos de Apaxtla y Pilcaya.
En el caso de Apaxtla se someterá a la ley general y de Pilcaya no reunieron algunos requisitos técnicos, como las firmas necesarias del cabildo, explicó el diputado Alejandro Arcos Catalán.
Los municipios a los que les aprobaron sus leyes de ingresos son: Azoyú, Ayutla, Tixtla, Alpo-yeca, Benito Juárez, Leonardo Bra-vo, Tlalixtaquilla, Huitzuco, Tepe-coacuilco, Petatlán, San Miguel Totolapan, Tlapa, Zirándaro, San Marcos, Quechultenango, Malinal-tepec, Cuajinicuilapa, Mochitlán, Pungarabato, Cutzamala, Coyuca de Beníitez, Atoyac, Arcelia, Copalillo y Juchitán.
También Eduardo Neri, San Luis Acatlán, Tlapehuala, Igualapa, Cuetzala, Tecpan, Tetipac, Cocula, Buenavista de Cuéllar, Pedro Ascencio de Alquisiras, Ahuacuot-zingo, Marquelia, Atenango del Río, Coyuca de Catalán, Teloloa-pan, Florencio Villarreal, Tecoana-pa, Ixcateopan, Juan R. Escudero, Tlacoachistlahuaca, La Unión, Alcozahuca, Xochistlahuaca, Cuau-tepec, Atlixtac, Huamuxtitlán y Heliodoro Castillo.
Y las tablas de valores de Azo-yú, Ayutla, Tixtla, Alpoyeca, Benito Juárez, Leonardo Bravo, Tlalixta-quilla, Huitzuco, Tepecoacuilco, Petatlán, San Miguel Totolapan, Tlapa, Zirándaro, San Marcos, Que-chultenango, Malinaltepec, Cuajini-cuilapa, Mochitlán, Pungarabato, Cutzamala, Coyuca de Benítez, Atoyac, Arcelia, Copalillo y Acapulco.
También a San Luis Acatlán, Tlapehuala, Igualapa, Cuetzala, Tecpan, Tetipac, Cocula, Buena-vista de Cuéllar, Pedro Ascencio de Alquisiras, Ahuacuotzingo, Mar-quelia, Atenango del Río, Coyuca de Catalán, Teloloapan, Florencio Villarreal, Tecoanapa, Ixcateopan, Juan R. Escudero, Tlacoachis-tlahuaca, La Unión, Alcozauca, Xo-chistlahuaca, Cuautepec, Atlixtac, Huamuxtitlán y Heliodoro Castillo.
Suspenden la sesión de Cabildo de ayer ante la amenaza de la llegada de policías paristas
Aurora Harrison
La sesión de Cabildo de la primera quincena de diciembre se suspendió ante la posibilidad de que llegaran los policías que se encuentran en paro, y allí los regidores pidieron al alcalde Luis Walton Aburto una mesa de diálogo en la que estén presentes funcionarios federales para darles una respuesta a su petición. Esta es la cuarta ocasión que se cancela por el mismo motivo.
En el salón Timón del hotel Elcano estaban los regidores priistas Natividad Vidal Dircio, Adelina Sánchez Jiménez, Luis Amed Salas Justo y la perredista Teresa Antonio Reynoso. Luego llegaron los perredistas Wulfrano Salgado, Marco Antonio Cabada Arias, Ernesto González Pérez y Roberto Balbuena, a quienes les informaron que se suspendería.
Al preguntarle al alcalde porqué se suspendía la sesión de Cabildo, respondió que “la verdad porque vienen los compañeros de la policía y no queremos confrontaciones”, y abordó su camioneta. Lo mismo hizo la secretaria general Magdalena Camacho.
Allí, Cabada Arias reprochó: “esto no puede pasar, no podemos estarle huyendo a estos asuntos”.
Recordó que desde que se dio la aprobación para el proceso al Mando Único lo único que les informan es cuántos son los policías que van evaluados.
“Vamos a solicitar al alcalde hacer una mesa de trabajo dónde este él, nosotros, los policías y la federación, porque no podemos eludir alguna responsabilidad en este caso es parte de la federación con la nueva legislación que existe, pero al final los policías son acapulqueños, algunos de los que están son trabajadores del Ayuntamiento”, señaló.
Reiteró que van a solicitar al alcalde la reunión con los policías para saber la situación porque “esto no puede ser así, al final de cuenta los policías son empleados y también tienen familia y tenemos que ayudarles en ese sentido”.
Mientras el regidor priista Roberto Balbuena dijo: “aquí solamente son rumores, aquí nadie sabe si van a estar o no, pero son trabajadores y como dirigente sindical estoy de acuerdo en que se les escuche. Si está dentro de la ley y quién se lo va a dar, porque definitivamente el Ayuntamiento no se los va a dar porque no tiene capacidad económica”.
En lo que esperaban algunos regidores a que llegaran los policías, algunos dialogaron con el secretario de Seguridad Pública, Marcos Esteban Juárez Escalera, para en qué va el proceso de los policías.
Mientras que otros regidores preguntaron al secretario de Finanzas, Antonio Sáyago Ríos, por el pago de las quincenas para los empleados que cobran con tarjeta Banamex porque no se veía reflejado el depósito, y en respuesta les dijo que mañana estarían en sus cuentas.
Esta es la cuarta vez que la sesión de Cabildo se suspende por la amenaza de la irrupción de los policías que se encuentran en paro, pues la primera ocurrió el 1 de octubre, la segunda el 8 del mismo mes y la tercera el 28 de noviembre.
La sesión de Cabildo de la primera quincena de diciembre se suspendió ante la posibilidad de que llegaran los policías que se encuentran en paro, y allí los regidores pidieron al alcalde Luis Walton Aburto una mesa de diálogo en la que estén presentes funcionarios federales para darles una respuesta a su petición. Esta es la cuarta ocasión que se cancela por el mismo motivo.
En el salón Timón del hotel Elcano estaban los regidores priistas Natividad Vidal Dircio, Adelina Sánchez Jiménez, Luis Amed Salas Justo y la perredista Teresa Antonio Reynoso. Luego llegaron los perredistas Wulfrano Salgado, Marco Antonio Cabada Arias, Ernesto González Pérez y Roberto Balbuena, a quienes les informaron que se suspendería.
Al preguntarle al alcalde porqué se suspendía la sesión de Cabildo, respondió que “la verdad porque vienen los compañeros de la policía y no queremos confrontaciones”, y abordó su camioneta. Lo mismo hizo la secretaria general Magdalena Camacho.
Allí, Cabada Arias reprochó: “esto no puede pasar, no podemos estarle huyendo a estos asuntos”.
Recordó que desde que se dio la aprobación para el proceso al Mando Único lo único que les informan es cuántos son los policías que van evaluados.
“Vamos a solicitar al alcalde hacer una mesa de trabajo dónde este él, nosotros, los policías y la federación, porque no podemos eludir alguna responsabilidad en este caso es parte de la federación con la nueva legislación que existe, pero al final los policías son acapulqueños, algunos de los que están son trabajadores del Ayuntamiento”, señaló.
Reiteró que van a solicitar al alcalde la reunión con los policías para saber la situación porque “esto no puede ser así, al final de cuenta los policías son empleados y también tienen familia y tenemos que ayudarles en ese sentido”.
Mientras el regidor priista Roberto Balbuena dijo: “aquí solamente son rumores, aquí nadie sabe si van a estar o no, pero son trabajadores y como dirigente sindical estoy de acuerdo en que se les escuche. Si está dentro de la ley y quién se lo va a dar, porque definitivamente el Ayuntamiento no se los va a dar porque no tiene capacidad económica”.
En lo que esperaban algunos regidores a que llegaran los policías, algunos dialogaron con el secretario de Seguridad Pública, Marcos Esteban Juárez Escalera, para en qué va el proceso de los policías.
Mientras que otros regidores preguntaron al secretario de Finanzas, Antonio Sáyago Ríos, por el pago de las quincenas para los empleados que cobran con tarjeta Banamex porque no se veía reflejado el depósito, y en respuesta les dijo que mañana estarían en sus cuentas.
Esta es la cuarta vez que la sesión de Cabildo se suspende por la amenaza de la irrupción de los policías que se encuentran en paro, pues la primera ocurrió el 1 de octubre, la segunda el 8 del mismo mes y la tercera el 28 de noviembre.
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