Insta la CNDH a Peña Nieto a aceptar la competencia del comité de la ONU para desapariciones forzadas

*El Estado está obligado a dar cumplimiento cabal e integral a sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos”, dice. El exhorto reconoce “los vergonzosos hechos ocurridos con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa”
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhortó al Estado mexicano a aceptar “a la brevedad” la competencia del Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y le recordó que “está obligado” a cumplir con sus compromisos internacionales en la materia.
Lo anterior, ante los “vergonzosos hechos” ocurridos con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las desapariciones forzadas en otros estados y el legítimo reclamo de verdad y justicia.
Además, la CNDH exhortó al Poder Legislativo a que realice las reformas necesarias para crear la Ley General de Desaparición Forzada, que homologue el tipo penal de desaparición con los estándares internacionales, y que adopte políticas públicas para la búsqueda de los desaparecidos, porque “son medidas a las que un Estado democrático de derecho debe aspirar para lograr la plena vigencia de los derechos humanos”.
En un comunicado fundamentado en siete puntos, el organismo subrayó “la importancia y urgencia de la aceptación de la competencia del Comité Contra la Desaparición Forzada como un acto de congruencia entre las políticas interior y exterior en México, para generar condiciones tendentes a garantizar la investigación y sanción de este delito, así como el que se hagan realidad los derechos irrenunciables a la verdad, justicia y reparación integral”.
“El Estado mexicano debe aceptar la competencia del comité”, tituló el mensaje, y exhortó a ello al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto con base en el artículo 31 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas, porque es “un delito grave, complejo y pluriofensivo” realizado por varias personas, violando distintos derechos fundamentales, y “perdura en el tiempo”.
Además, afirmó que todas las desapariciones forzadas le quitan a las víctimas la protección de la ley y produce “graves sufrimientos” no sólo a la persona sino a su familia y a la sociedad, y es una violación grave a los derechos humanos prevista en los tratados internacionales pactados por México.
“Tras los vergonzosos hechos ocurridos con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y del legítimo reclamo de verdad y de justicia de los familiares de las víctimas, de la sociedad mexicana en su conjunto y de la comunidad internacional, con el fin de resolver estos oprobiosos casos, así como las desapariciones forzadas producidas en diversos estados de la República, esta Comisión Nacional recuerda que el Estado mexicano está obligado a dar cumplimiento, cabal e integral, a sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos”, acentuó.
Recordó también que el gobierno de México “tiene pendiente” cumplir con dos recomendaciones de mecanismos internacionales de derechos humanos que solicitaron “sin demora” que aceptara la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada: el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias y el Mecanismo de Examen Periódico Universal.
Agregó que el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 incluye atender las problemáticas más señaladas por organismos nacionales e internacionales y que el gobierno asumió el compromiso de promover el reconocimiento de la competencia del Comité de la ONU.
También destacó que en su programa de trabajo expuesto ante el Senado, el ombudsman nacional, Raúl González Pérez, se comprometió a adoptar y dar seguimiento a las recomendaciones de mecanismos internacionales y regionales y acompañar a las víctimas.
“En cumplimiento del mandato constitucional previsto en el artículo 102-B, (la CNDH) exhorta al Ejecutivo Federal a tomar las medidas necesarias para que México acepte a la brevedad la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicción o en nombre de ellas, que aleguen ser víctima de violaciones”, concluyó.