Pide el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU no perder de vista a Ayotzinapa y la guerra sucia

Al conmemorar el 22 aniversario de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió “no perder de vista” el caso de los normalistas de Ayotzinapa y las víctimas de la Guerra Sucia, como un ejemplo del contexto que vive el país, y demandó que el Estado mexicano reconozca la competencia del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada.
Además, el organismo señaló que para afrontar la “debilidad institucional” que ha reconocido el presidente Enrique Peña Nieto, el Estado debe abstenerse de acciones que interfieran con la labor de los defensores de derechos y cumplir con sus compromisos internacionales, recomendaciones y sentencias pendientes como la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) por el caso del guerrerense desaparecido hace 40 años, Rosendo Radilla Pacheco.
“Nos acercamos a fechas en las que las ausencias duelen más que nunca, y por ello hacemos explícito nuestro reconocimiento y admiración a la perseverancia que todas ellas y ellos demuestran cada día, recordándonos que todo acto de desaparición forzada constituye un ultraje a la dignidad humana y su comisión afecta los valores más profundos de toda sociedad respetuosa de la primacía del derecho, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales”, afirmó el representante de la ONU-DH, Javier Hernández Valencia.
En un comunicado difundido ayer en su portal de internet, la ONU-DH explicó que su trabajo se desarrolla en un contexto en el que no se debe perder de vista la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa -y de los cuales solo Alexander Mora Venancio ha sido identificado-, como una “muy grave” violación a los derechos humanos y que “se suma” a la historia reciente y a la que se añaden las desapariciones cometidas durante la guerra sucia en Guerrero.
Recordó que este contexto fue señalado desde 2011 en el informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI) y que para “abordar el reto” ha impulsado y acompañado diversos procesos de homologación de legislaciones con los estándares internacionales.
“Las distintas experiencias, con todas sus complejidades y particularidades, confirman no sólo la pertinencia de la agenda delineada en las recomendaciones internacionales que ha recibido México, sino además, de manera destacada, el rol invaluable e insustituible que tienen las familias y las organizaciones en las transformaciones institucionales que deben emprenderse, de cara al esfuerzo de implementación que le corresponde al Estado”, añadió.
Por consiguiente, demandó que las autoridades respeten el derecho de las personas a defender los derecho humanos de los desaparecidos y que el “Estado debe abstenerse de acciones que interfieran con su labor, tales como injerencias arbitrarias, descalificaciones públicas o cualquier otro tipo de acción indebida” contra los defensores.
Señaló que para “abrir una ruta que ayude a remontar los retos inmediatos”, abordar los problemas “de fondo” y la “debilidad institucional” que ha referido Peña Nieto, el Estado mexicano debe reconocer la urgencia y acelerar la implementación de sus compromisos internacionales pendientes.
Y especificó que entre estos se encuentran las recomendaciones de organismos internacionales pendientes; la sentencia de la Coidh por el caso Rosendo Radilla; el reconocimiento de la declaración de ausencia por desaparición; y que el Estado reconozca la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para que reciba y examine comunicaciones de las víctimas o sus familiares.
Además, el fortalecimiento de servicios forenses independientes; una ley general e integral en materia de desapariciones forzadas; la creación de un mecanismo nacional de búsqueda de desaparecidos; bancos genéticos; la protección de víctimas y testigos; el registro de personas detenidas; la regulación del uso de la fuerza pública; y el combate efectivo a la impunidad.