El subsecretario Jorge Alberto
González Rivero informó lo anterior asegurando que ninguno
de estos conflictos representó un foco rojo, a pesar de que
algunos casos corresponden a intolerancia religiosa en
contra de la comunidad cristiana.
Recordó que de los nueve conflictos
que fueron atendidos por la Subsecretaría de Asuntos
Religiosos, solamente el que se registró a principios de año
en la comunidad de Atliaca, perteneciente al municipio de
Tixtla, fue el más complicado.
En ese pueblo de origen indígena, los
feligreses católicos exigieron la salida de Carlos Cristino
Lugo, el sacerdote del pueblo, a quien acusaron de ingerir
bebidas embriagantes, atentar contra los usos y costumbres
del pueblo, y generar conflictos entre la población debido a
su mal comportamiento.
La inconformidad motivó la toma de la
iglesia del pueblo y una confrontación entre feligreses que
apoyaban la permanencia del cura y quienes exigían su salida
de la comunidad. Al respecto, González Rivero indicó que ese
conflicto pudo solucionarse gracias a la intervención del
obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Alejo Zavala
Castro.
Durante la entrevista, explicó que es
la Costa Chica de Guerrero en donde prevalece la
intolerancia, principalmente en comunidades donde hay
familias cristianas, mismas que se niegan a participar en
las celebraciones de los católicos.
“En Costa Chica se genera mucha
intolerancia religiosa, no de toda la iglesia, sino de
algunos feligreses que no están de acuerdo con algunas
tradiciones. Por ejemplo, cuando las personas que son de
otra religión (ajenas a la católica) les solicitan cooperar
para la fiesta patronal, ellos se niegan, ahí es donde
no están de acuerdo y se desata el conflicto”.
Indicó que el gobierno del estado, en
coordinación con líderes religiosos de las zonas, han
intervenido para destrabar esos conflictos y evitar de esta
forma que se compliquen, como sucedió en su momento en la
comunidad de Atliaca.
Respecto a los indígenas desplazados,
originarios de la comunidad de San José Vista Hermosa,
perteneciente el municipio de Iliatenco, y que actualmente
viven en un predio que les fue entregado para su reubicación
y que se localiza entre Marquelia y San Luis Acatlán,
aseguró que las autoridades federales han hecho lo que
corresponde.
Este problema religioso data del 2009,
sin embargo, hace unas semanas, los indígenas desplazados
protestaron en las instalaciones de la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) para
exigir su reubicación.
El funcionario estatal recordó que la
CDI proporcionó el 80 por ciento del presupuesto para la
compra del terreno en el que fueron reubicados y el resto,
lo otorgó el gobierno estatal. Respecto a la exigencia de
acelerar la escrituración, dijo que se le está dando
seguimiento y asesoría a los desplazados para garantizarles
la solución de ese problema. (Agencia Periodística de
Investigación)
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