La juez mixto de primera instancia en el distrito judicial de Álvarez, Leonor Olivia Ruvalcaba, quien durante un año y medio ha sido omisa y en consecuencia ha violado los derechos humanos de un niño en confabulación con un ex titular del Ministerio Público y del secretario de Asuntos Jurídicos en Chilapa; anteriormente ha ordenado despojar a personas humildes de sus propiedades en la ciudad de Iguala y en Chilapa.
Ayer se reveló que la juez Leonor no ha cumplido sus funciones y ha complacido los desacatos de la ex pareja del profesor y periodista Luis Daniel Nava, para que no pueda reunirse ni comunicarse con su menor hijo de cuatro años, retenido en Chilpancingo donde sufre maltratos físicos.
En contubernio, se encuentran los abogados de la madre del menor, el ex titular del Ministerio Público, Eudoxio Gutiérrez Flores y el secretario de Asuntos Jurídicos del PRI en Chilapa, Román Flores Salazar.
Éstos han aprovechado el caso para emprender una campaña de desprestigio, una persecución judicial llena de irregularidades y amenazas de muerte contra el comunicador, en represalia por su trabajo periodístico que desarrolla en la zona.
Leonor Olivia se ha caracterizado por su carácter colérico y prepotente. En diciembre del año 2008 fue denunciada penalmente por desacato de una sentencia de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
En aquella ocasión, el ciudadano Gildardo Quezada Pichardo acusó que la funcionaria se corrompió con la contraparte para no darle posesión de un inmueble que era propiedad de su esposa, ya fallecida.
En 2011, luego de un proceso largo y “amañado”, la juez ordenó echar de su propiedad a un matrimonio de adultos mayores con ayuda de cuatro patrullas y un camión Secretaria de Seguridad Pública del gobierno del estado.
El desalojo con lujo de excesiva violencia, se dio sin orden de cateo ni de desalojo, según denunció el señor Francisco Flores Guerrero, de 82 años y su esposa Rosa Ortega García, de 76 años, quienes llevaban 37 años viviendo en ese inmueble.
Los señores aseguraron que el supuesto heredero de la propiedad de un extinto párroco, pagó al entonces director de Catastro, Vicente Jiménez Aranda (oficial mayor del actual gobierno, quien fue recluido por el delito de secuestro) para que le otorgara un recibo catastral.
También pagó fuertes sumas de dinero al entonces director de la Comisión de Agua Potable municipal y actual dirigente municipal del PRI, Manuel Villalva García, para que acreditara los recibos a nombre de la supuesta albacea.
Las escrituras de la pareja de indefensos ancianos con fecha 16 de agosto de 1972 fueron desechadas por la juez Leonor Olivia Ruvalcaba.
A pesar de todas estas irregularidades, la juez permanece “impartiendo justicia” y realizando omisiones y serias faltas a su compromiso, sin importarle afectar a personas inocentes, o a quienes reclaman su derecho de convivencia con su familia.
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