Postularemos candidatos con buen prestigio y aceptación de la población: Cuauhtémoc Salgado

Los priistas de Guerrero rechazamos la violencia, pues creemos en la fuerza del uso de la política y el dialogo, por lo que el partido tricolor habrá de postular a candidatos que tengan buen prestigio y sean aceptados por la población, que por su correcto proceder y porque se ha ganado el aprecio y reconocimiento de su comunidad, afirmó en presidente del CDE del PRI, Cuauhtémoc Salgado Romero.
El dirigente estatal priista dijo que el PRI desarrollará campañas propositivas, en las que no denostará a nadie ni se prestará al juego perverso de las descalificaciones, en las que “presentaremos una plataforma electoral producto de la participación de miles de priistas y de ciudadanos que tiene como propósito la prosperidad para todos”
Salgado Romero indicó que los candidatos priistas mantendrán su convicción de trabajar por un Guerrero incluyente, con educación de calidad, próspero, con responsabilidad hacia todos los guerrerenses, para que tengan justicia social, seguridad y sobre todo paz, trabajando muy fuerte dentro del marco de la ley.
Es por eso, externó Cuauhtémoc Salgado “que demostraremos nuestra capacidad de persuadir, convencer, sumar y hacer realidad el Guerrero unido, con justicia, con desarrollo económico, progreso y empleos en todas las regiones de nuestro estado, con proyectos propositivos, viables, que produzcan y generen riqueza para repartirla a quienes ahora no cuentan con dinero en los bolsillos para beneficiar a sus familias” y agregó por eso estamos construyendo nuestra victoria legitima en los próximos comicios del 2015.

Exige el arzobispo Garfias que se aclare el asesinato del sacerdote de Altamirano

El arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos, exigió y urgió a las autoridades el esclarecimiento del asesinato del sacerdote de la diócesis de Ciudad Altamirano, Gregorio López Gorostieta, encontrado muerto el pasado 25 de noviembre, cuatro días después de que individuos armados se lo llevaron del seminario.
El prelado católico dijo que no han hecho una petición específica de seguridad al gobierno del estado, sin embargo en Acapulco los sacerdotes ponen en práctica un protocolo de seguridad que ellos mismos diseñaron.
En un comunicado que leyó el arzobispo, recalcó que el asesinato del presbítero Gregorio López Gorostieta, formador del seminario mayor “La Anunciación” de Ciudad Altamirano, les provoca una pena “indescriptible” que los embarga como comunidad, iglesia y sociedad.
Garfias Merlos enfatizó que la Arquidiócesis de Acapulco se une al grito de denuncia y exigencia de “¡basta ya!” que hizo la Conferencia del Episcopado Mexicano el pasado viernes 26, un día después de que fuera encontrado muerto López Gorostieta.
“No queremos que hechos como estos se repitan, no queremos que sigan dando situaciones de violencia que tanto han lastimado y lacerado a cientos de familias a lo largo y ancho del territorio nacional”, dijo.
También exigió y urgió a las autoridades el esclarecimiento de “tantos casos” de violencia que han provocado indignación y dolor.
El arzobispo insistió en el llamado a la paz, reconciliación, conversión y perdón, así como a la unión para lograr la tranquilidad que se requiere para la construcción de un mejor país.
A pregunta de un reportero en relación a la investigación del homicidio del sacerdote, el arzobispo dijo que el gobierno del estado inició la misma, que hubo una reunión entre el fiscal Miguel Ángel Godínez con el sacerdote responsable del caso en Ciudad Altamirano, el padre Javier Castrejón, quien dio las facilidades para la consulta a las personas que puedan ofrecer información que la averiguación requiera.
De si López Gorostieta recibió alguna amenaza antes de que fuera desaparecido y encontrado muerto, Garfias Merlos dijo que no tener información o conocimiento de ello; así como tampoco que exista un indicio de que los sacerdotes muertos en el año hayan estado relacionados con la delincuencia organizada.
“No hay ningún indicio, son muertes, son más dolorosas y estremecedoras porque son sacerdotes que están en el cumplimiento de su ministerio, nosotros estamos cumpliendo con nuestra misión, yo voy a seguir predicando el evangelio aquí y en todos lados, si dentro de eso me toca, me encomiendan a Dios”, expresó.
Del hecho de que cuatro de los cinco asesinatos que tiene contabilizada la Arquidiócesis de México en todo el país hayan sido en Guerrero, Garfias Merlos dijo que las estadísticas no son fáciles de manejar, que son datos “muy lamentables”, que parten de la dimensión que ha tomado la violencia, “que seguirá siendo el gran reto y desafío que podamos aportar para hacer la paz”.

Sus propias medidas de seguridad

Agregó que en la arquidiócesis de Acapulco están haciendo el esfuerzo por tener protocolos de seguridad, medida que han compartido con otras diócesis, en donde dijo Garfias Merlos desconoce si se han impulsado o no.
Señaló que en el caso de la región Acapulco, Costa Grande y Costa Chica han hecho talleres para ir conformando los protocolos, así como propuestas de seguridad que enviarán a las autoridades.
De si existe un compromiso por parte del gobierno del estado para garantizar la seguridad de los sacerdotes en Guerrero, Garfias Merlos dijo que no ha habido ningún planteamiento directo en ese tema, que la Iglesia seguirá con su ministerio y buscando formas de seguridad, además de mantener el diálogo permanente con las autoridades.
De las acciones que está realizando la iglesia aparte de la oración para traducir el “basta ya” que manifestó el Episcopado, el arzobispo reiteró las cinco líneas que se marcaron desde la Conferencia del Episcopado Mexicano, entre ellas el llamado permanente a la paz, el diálogo y propuestas concretas a las autoridades para la seguridad.
La atención a víctimas, cuyos centros en Guerrero funcionan desde hace dos años y que promueven su réplica en otras diócesis, así como la creación de centros de atención a jóvenes con enfoque de paz, para lo cual dijo Garfias Merlos ya habló con el rector de la UAG, Javier Saldaña, y de escuelas particulares para trabajar en cultura, deporte, talleres, capacitación y alternativas de empleo.
En el comunicado, el arzobispo se solidarizó con los familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y los seis muertos de los hechos del 26 y 27 de septiembre.
Indicó que ha estado al pendiente, condenando los hechos “lamentables y dolorosos” que merecen “toda la atención y respuesta comprometida” de las autoridades y sociedad, “es cada vez más urgente que haya avance en las investigaciones y que se haga justicia”.
Recordó que han acompañado a las familias de los deudos y de los estudiantes desaparecidos, así como el mensaje del Nuncio Apostólico en México, Christophe Pierre, que pidió a los padres de familia que no pierdan la esperanza y la fe, así como la solidaridad del papa Francisco.
Agregó que la Iglesia está dispuesta a seguir trabajando y apoyando con lo necesario para superar la “dolorosa situación que hiere y lastima a toda la sociedad”.
Señaló que seguirán insistiendo en que se haga justicia y que no se vuelvan a repetir “jamás” ese tipo de “hechos tan lacerantes”.
De lo dicho por el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, que señaló que los crímenes del 26 de septiembre en Iguala son producto de la indolencia y olvido de las autoridades, el arzobispo dijo que ese tema es “bastante mencionado”, que se ha dicho lo mismo de diferentes maneras, por ello la Iglesia seguirá insistiendo en el esfuerzo del gobierno, y su responsabilidad, así como la de la sociedad, en el hecho.
Como parte de su mensaje de año nuevo, el arzobispo convocó a hacer frente a la “dolorosa situación de violencia en el país y en Guerrero”, a unirse y trabajar por un México en paz, “favoreciendo experiencias de encuentro personal y comunitario en el amor de Dios y a los hermanos, que impulsen a luchar por la verdad, la justicia, la libertad, el desarrollo y la paz”.

Contra la injustica y la pobreza

En el mensaje, que se titula “no esclavos sino hermanos”, Garfias Merlos dijo que es “doloroso, inhumano e inaceptable” que millones de personas vivan en condiciones de esclavitud, en diferentes sectores. El hecho provoca “injusticia, inequidad, pobreza, exclusión, falta de acceso a la educación, escasas oportunidades de trabajo, corrupción, complicidad de algunos miembros de las fuerzas del orden, del gobierno o de la sociedad”.
Por lo que invitó a todos a que realicen gestos de fraternidad con los que se encuentran en un estado de sometimiento.
Por su parte la Iglesia de Acapulco continuará con el acompañamiento a las víctimas de la violencia con enfoque de paz, para abrir caminos de esperanza, dijo.
“Hago un llamado urgente a todos, incluso en los más altos niveles de autoridades en las instituciones para que no sean cómplices, sino que tengan el valor de tocar la carne sufriente de Cristo, que se hace visible en el prójimo, especialmente en los pobres, a los que Él mismo llama mis hermanos más pequeños”, dijo.
Garfias Merlos manifestó que el inicio del nuevo año es la oportunidad para la conversión de las almas, “perdonas, apreciar, compartir y saber amar al prójimo”. Empezando desde la vida cotidiana, expuso.

Descartan al crimen organizado del asesinato del cura; murió de asfixia, dice el fiscal

El fiscal General del Estado, Miguel Ángel Godínez Muñoz, dijo que la muerte del sacerdote Gregorio López Gorostieta fue por asfixia, pero se negó a revelar más detalles de la investigación.
El sacerdote Gregorio López, de 40 años, fue raptado el 22 de diciembre del seminario de Ciudad Altamirano, donde daba clases de filosofía, y su cuerpo sin vida fue encontrado el jueves a la orilla de la carretera a Arcelia, pasando Tlapehuala, con un disparo en la cabeza y huellas de tortura.
El fiscal dio declaraciones en Radio Fórmula la mañana de ayer con el conductor Manuel Feregrino, quien le preguntó sobre el “tiro de gracia” que recibió el sacerdote, y en respuesta Godínez Muñoz dijo que el cura “murió por asfixia”.
“Creo que ha habido mal manejo de información porque el padre López Gorostieta no murió por un disparo de arma, él murió por asfixia”, de acuerdo con la necropsia, dijo el fiscal.
Indicó que el cuerpo fue hallado “en estado de descomposición” y que al sacerdote “prácticamente” lo asesinaron inmediatamente después de que fue sacado del seminario de Ciudad Altamirano.
Godínez Muñoz dijo que la Fiscalía tiene “varias” líneas de investigación y confió en que pronto dará resultados pero debe guardar sigilo al respecto.
Reiteró que tiene contacto con los familiares del sacerdote y con el vicario de la diócesis de Altamirano, “quien está coadyuvando en investigaciones y en las declaraciones de los seminaristas y monjas que se presenten a comparecer en la Fiscalía”.
Agregó que trabaja con un grupo pericial “muy especializado”.
Se negó a precisar si el robo es una línea de investigación que sigue la Fiscalía, “no podemos hablar al respecto, la información que usted está manejando, hay información que usted tiene que es cierta pero como autoridad prefiero reservarme, pero vamos avanzados, le reitero, espero pronto darle resultados”.
En tanto, en declaraciones al noticiero nocturno de Televisa, el secretario general de Gobierno, David Cienfuegos, descartó que el asesinato del sacerdote haya sido obra de algún grupo del crimen organizado. 

El gobierno del estado seguirá pagando a 25 mil maestros que no han comprobado su centro de trabajo: SEG

El contralor interno de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Marcos César Paris Peralta Hidalgo, informó que la nómina de unos 25 mil trabajadores educativos estatales seguirá siendo administrada por el gobierno de Guerrero y no pasará a la federación, que a partir de la primera quincena de 2015 pagará a los trabajadores que han corroborado su centro de trabajo en el estado.
Por otro lado informó que la Contraloría entregó a la federación el 98 por ciento de la nómina corroborada de los trabajadores que comprobaron su centro de trabajo como parte de la conciliación y creación de la nómina única federal que establece la reforma educativa.
El 2 por ciento restante deberá regularizar su plaza antes del primer bimestre del próximo año, de acuerdo con el artículo sexto transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, que amplió el plazo para que la federación se haga cargo total de la nómina, en lugar del 1º de enero, y será hasta el 1º de marzo del 2015.
En 1998 el sistema educativo se descentralizó y se creó el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB), que otorgó dinero a los estados para el pago de los docentes que ahora pasará nuevamente a la federación tras la aprobación de la reforma educativa.
En consulta telefónica, el funcionario precisó que como parte de la revisión de la plantilla laboral de los trabajadores del servicio educativo en el estado, las plazas creadas por el gobierno estatal entraron a la revisión de nómina para la regularización de los trabajadores.
Abundó que los trabajadores conservarán sus derechos laborales y el dinero para el pago de los trabajadores vendrá dentro del presupuesto destinado por la federación al estado de Guerrero. Precisó que desde el 1º de enero los maestros regularizados serán pagados por la federación, pero no así los trabajadores del estado.
Dijo que el pago de las plazas, que de acuerdo con datos de la SEG en el estado son unas 25 mil, no será absorbido por la federación, y precisó que los maestros que laboran en este régimen no quedarán fuera del sistema educativo, ni sus pagos están en riesgo como lo aseguró el secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), Ramos Reyes Guerrero, quien urgió la integración de 13 mil maestros de La Montaña a la nómina única federal.
Peralta Hidalgo recordó que, en el último corte de maestros regularizados en octubre e ingresados al Sistema Administrador para la Captura de la Plantilla de Personal y Estadística (SACPPE) sólo faltaban 983 trabajadores de un total de 94 mil 032, pero el número fue reducido; sin embargo, no contaba con los datos más recientes, luego del incendio provocado en el inmueble donde laboraban por integrantes de la CETEG el 12 de noviembre.

Protesta en Los Pinos el 31, acuerdan familiares de desaparecidos de Iguala y Ayotzinapa

La coalición de ciudadanos de Iguala, que integran organizaciones sociales y de docentes del municipio, así como familiares de víctimas de desaparecidos aceptaron la invitación de padres de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa detenidos-desaparecidos el 26 de septiembre, para protestar juntos en la víspera de año nuevo en la residencia oficial de Los Pinos, en la ciudad de México.
Informó vía telefónica el vocero de los padres de familia de los alumnos víctimas de desaparición forzada, Felipe de la Cruz, luego de una reunión que sostuvieron con representantes de la coalición y de los familiares en aquella ciudad.
En consulta telefónica, el padre de familia recalcó que si no hubo Navidad para los familiares de los desaparecidos, que se manifestaron en la Nochebuena en la ciudad de México, para recordar al presidente Enrique Peña Nieto que tiene una promesa pendiente con ellos, tampoco habrá Año Nuevo.
De la reunión, informó que también se acordó trabajar juntos en la localización ciudadana de los desaparecidos, y el 3 de enero en la Normal Rural sesionará la Asamblea Nacional Popular (ANP) para diseñar la estrategia de búsqueda.
El 5 de enero habrá otra reunión en Iguala con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), con quienes se están coordinando los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa, porque tienen facultades para aplicar seguridad.
Aclaró que aún no se han reunido con los representantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que comenzó acciones de búsqueda en Iguala, y en este ejercicio ha señalado la ubicación de fosas clandestina con restos humanos de otras víctimas.
De la Cruz informó que una comisión de padres de familia saldría la noche de ayer a Chiapas, a participar en las actividades del 14 aniversario del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en Chiapas, pero otros familiares seguirán las acciones de protesta.
Indicó que la reunión con familiares de desaparecidos de Iguala se realizó en la oficina de Servicios Regionales Educativos, tomadas antes de vacaciones por la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), como parte de las protestas para exigir la presentación de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Detalló que esta es la tercera reunión de trabajo con los familiares de desaparecidos en Iguala, la primera fue a puerta cerrada, después protestaron juntos en el 27 Batallón de Infantería de la 35 Zona Militar, ayer, fue la reunión de coordinación, y se prevé una segunda actividad conjunta en Los Pinos el 31. 

A tres meses de la desaparición de los normalistas no avanza la investigación para localizarlos

Sin avances de consideración ni resultados en las investigaciones que lleven a la localización y recuperación de los 42 (antes 43) estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, detenidos-desaparecidos el 26 y 27 de septiembre en esta ciudad, hoy se cumplen tres meses del ataque de policías municipales de Iguala y Cocula, así como de sicarios de Guerreros Unidos que además dejó a seis muertos y 25 heridos.
Para este día se prevé una marcha en esta ciudad para exigir la presentación con vida de los jóvenes y castigo a los responsables materiales e intelectuales de los hechos.
La noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre policías municipales de Iguala y Cocula persiguieron a estudiantes de Ayotzinapa que se desplazaban en tres autobuses sobre la calle Juan Álvarez, a su llegada al periférico Norte los normalistas fueron emboscados y atacados a balazos por los uniformados.
En ese lugar cayeron heridos varios de los jóvenes y otros más fueron detenidos por los agentes en el que fue el primer ataque, alrededor de las 9 de la noche.
Cerca de 3 horas y media después, a las 12:30 y sin que hasta ese momento se hubiera presentado ninguna autoridad, sicarios de la organización criminal Guerreros Unidos atacaron nuevamente a los normalistas cuando daban declaraciones a reporteros, y en ese lugar fueron asesinados dos estudiantes y otro más fue hallado asesinado y desollado del rostro 8 horas después, a unos 500 metros del lugar.
Por este hecho el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa fueron detenidos el 4 de noviembre y él fue recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en tanto que Pineda Villa sigue bajo arraigo en la Procuraduría General de la República (PGR).
En noviembre las autoridades informaron de 59 detenidos por su presunta participación material o intelectual en los ataques, entre éstos 41 policías municipales de Iguala y de Cocula, incluyendo a los directores de ambas corporaciones Jesús Bruno Corrales y César Ramírez Nava, el último director de la policía de Cocula, detenido el 17 de noviembre.
También se informó de la detención de unos 13 miembros de Guerreros Unidos y dos halcones, a quien según las declaraciones presentadas por la PGR los policías de Iguala y Cocula les entregaron a los normalistas y quienes finalmente los mataron, los calcinaron en el basurero de Cocula y posteriormente arrojaron sus cenizas en el río San Juan que pasa por ese poblado.
A principios de octubre tras asumir las investigaciones, la PGR localizó el 4 de octubre cinco fosas clandestinas en el paraje Las Parotas de donde extrajo los restos de 28 personas con signos de desmembramiento y calcinación. En ese lugar días después ubicó otra fosa más con los restos de otras dos víctimas.
En el paraje La Joya a mediados de octubre la PGR ubicó cinco fosas más de donde extrajo los restos de ocho personas más.
Con el hallazgo de estas víctimas, se desencadenó una búsqueda de otras víctimas inhumadas en fosas clandestinas por familiares de desaparecidos y la dependencia federal, los cuales hasta el 22 de diciembre habían exhumado 28 restos humanos.
A pesar de los hallazgos de fosas y restos humanos calcinados en el basurero municipal de Cocula, que según reportes de la PGR fueron calcinados “un considerable número” de personas, los padres de los 43 normalistas desaparecidos han desestimado estas versiones y continúan encabezando movilizaciones de protesta estatales y nacionales por la presentación con vida de sus hijos.
Ayer un día antes de cumplirse tres meses de los ataques contra estudiantes en Iguala, los avances de las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas no había presentado ningún avance de consideración para dar con su ubicación, o el posible reconocimiento de sus restos por los peritos argentinos que acompañan a las familias de las víctimas.

Seguirá detenido hasta por 48 horas más en la PGR el alcalde de Cocula, informa su esposa

El alcalde priista de Cocula, César Peñaloza Santana, seguirá detenido hasta por 48 horas más en la sede de la Procuraduría General de la Republica (PGR) en la ciudad de México para su investigación por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, informó la noche de ayer su esposa Lizbeth Alarcón Rodríguez.
El 19 de diciembre, efectivos de la PGR detuvieron al mediodía al alcalde en las instalaciones del palacio municipal de Cocula y a partir de ese momento fue trasladado a la ciudad de México en un arresto preventivo para ampliar su declaración por los hechos del 26 y 27 de septiembre en esta ciudad, donde policías municipales de Iguala y Cocula dispararon en contra de estudiantes de Ayotzinapa y detuvieron a 43 de ellos, los cuales entregaron posteriormente a sicarios de Guerreros Unidos en los límites entre Iguala y Cocula, quienes presuntamente habrían matado y calcinado a los normalistas.
El 13 de octubre, Peñaloza Santana ya había sido detenido en calidad de presentado para rendir su declaración por parte de efectivos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) por sus presuntos vínculos con el crimen organizado pero 18 horas después fue liberado y a partir del 15 de octubre se subió presentando al palacio a realizar sus actividades edilicias con normalidad.
La noche de ayer vía telefónica, la esposa del alcalde de Cocula, César Peñaloza, Lizbeth Alarcón confirmó que su esposo “está detenido hasta por otras 48 horas más porque está siendo investigado”, y dijo que se encuentra en las instalaciones de la PGR en la ciudad de México.
La esposa del alcalde no abundó más sobre la situación legal del político detenido desde el pasado viernes y solo confirmó que está detenido para ampliar su declaración en la sede de la PGR en la ciudad de México.
Informó que hoy a las 7 de la mañana habrá una marcha de apoyo hacia el alcalde Peñaloza Santana “para manifestarse por las arbitrariedades de las que ha sido objeto mi esposo”, por parte de la PGR.
La marcha, en la que están convocados familiares, amigos, colaboradores y pobladores de Cocula y comunidades cercanas, saldrá de la entrada del poblado hasta llegar al zócalo donde se prevé un mitin.
Desconoce el dirigente del PRI la situación legal del alcalde de Cocula, detenido por la PGR
El presidente estatal del PRI, Cuahutémoc Salgado Romero, dijo que no conoce la situación legal del alcalde de Cocula, César Miguel Peñaloza Santana, “detenido” el pasado viernes, porque el gobierno federal ha manejado el caso con mucho hermetismo.
Consultado vía telefónica el priista comentó que la información que tiene es a partir de lo que le ha comentado un familiar del alcalde de Cocula, en el sentido de que al presidente municipal se lo llevaron agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) el viernes pasado sin que hasta ayer por la noche se informara de manera oficial su situación jurídica.
Dijo que sólo sabe que el presidente municipal de Cocula “sigue detenido” pero que desconoce su situación legal porque el gobierno federal ha manejado el caso con total hermetismo.
Estaba buscando comunicación con “el abogado del alcalde” pero aún no conseguía su número telefónico, y que tampoco el PRI a nivel nacional había hablado del tema “o no tiene información”, dijo el también aspirante a la gubernatura.

El caso del sacerdote de Altamirano, “reflejo de la realidad que vivimos en Guerrero y México”: Garfias

El arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos, informó que la Iglesia está en coordinación con el comisionado Nacional de Seguridad, Alejandro Rubido García, para la búsqueda del sacerdote de Ciudad Altamirano, Gregorio López Gorostieta, desaparecido el pasado 21 de diciembre.
Consultado antes de que se diera a conocer el homicidio de Gregorio López, el prelado católico indicó que se han implementado protocolos de seguridad con los sacerdotes para generar un ambiente de seguridad, porque existe una preocupación en la Iglesia ante lo ocurrido.
En tanto el gobernador Rogelio Ortega Martínez lamentó la desaparición de la que fue víctima el presbítero.
Consultado el miércoles en el predio donde son reubicados damnificados por Manuel en Chilpancingo, el mandatario lamentó que el problema de inseguridad y violencia afecte también a la Iglesia.
El arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos, dijo que se estaba generando una forma de búsqueda o tener información de lo que ocurrió con Gregorio López.
Indicó que el obispo de Ciudad Altamirano, Maximino Martínez, estaba en comunicación con el Comisionado Nacional de Seguridad para saber con “oportunidad” lo que estaba pasando.
Por su parte, a los sacerdotes les han procurado condiciones de seguridad con la implementación de protocolos para protegerse lo que sea posible dentro del ambiente de inseguridad en el que se vive en Guerrero.
“Estamos en preocupación y actitud de buscar cómo crear condiciones para aportar y colaborar para que construyamos todos juntos la paz”, dijo.
Garfias Merlos consideró “lamentable” y “triste” la inseguridad en Ciudad Altamirano, donde fue obispo antes de ser enviado a Ciudad Netzahualcotl y luego a Acapulco como arzobispo, “yo creo, insisto, es un reflejo de la realidad que vivimos en Guerrero y México, es seguir buscando los medios e instrumentos para generar condiciones de construcción de paz”, reiteró.
Dijo que no hay una recomendación especial para los sacerdotes en relación a sus mensajes, que las formas y estilos son muy personales al momento de trasmitir el evangelio.
“Cada quien tiene la libertad y esperamos que puedan tener la prudencia para expresar el mensaje que nos corresponde anunciar”, señaló.
En su mensaje navideño, el arzobispo de Acapulco reiteró que pareciera ante la realidad que vive Guerrero que no hay motivos para celebrar la Navidad, sin embargo dijo que es el “momento más urgente” para vivirla.
Recordó la invitación de los obispos de México a hacer un compromiso con la paz en la campaña permanente, en la que se está buscando generar las condiciones para que se viva en armonía y convivencia fraternal; también impulsar que el diálogo social sea la forma de resolver los conflictos ante las situaciones de descontento. Así como reforzar la atención a las víctimas de la violencia y crear centros juveniles con un enfoque de paz.
El Episcopado Mexicano reconoció la desaparición del sacerdote al publicar el comunicado del obispo de Ciudad Altamirano, Maximino Martínez Miranda, en el cual se informa que “personas ajenas” al Seminario Mayor “La Anunciación” revisaron las instalaciones y obligaron al padre Gregorio López a salir de su camioneta el domingo 21 por la noche, cuando regresaba de actividades de beneficio.
El comunicado con fecha 23 de diciembre, publicado por el Episcopado Mexicano el 24 de diciembre, indica que la Diócesis de Ciudad Altamirano ha sufrido “mucho” a consecuencia de la situación que se vive en todo el país, por ello “nos manifestamos para demandar justicia y paz, así como el regreso con vida de nuestro hermano el presbítero Gregorio López Gorostieta”.
Los obispoas del país exigieron un “¡basta ya!” de la iniquidad, injusticia, corrupción, impunidad, de complicidad e indiferencia, que generan violencia, temor y desaparición.
“Que el príncipe de la paz en esta Navidad convierta el corazón de los violentos allá donde se encuentran, para que depongan las armas, para que emprendan el camino del diálogo”, señalaron.
Y pidieron a la Virgen para que ayude a los constructores de paz que se dé un dialogo constructivo y un auténtico Estado de derecho.

Aparece asesinado el sacerdote que había sido secuestrado desde el lunes en Ciudad Altamirano

El sacerdote Gregorio López Gorostieta, quien fuera levantado la madrugada del lunes por hombres armados que entraron al seminario católico de esta ciudad, fue encontrado muerto ayer por la tarde cerca de la cabeza de Lázaro Cárdenas, casi al borde de la carretera federal, en el municipio de Tlapehuala, con un impacto de bala en la cabeza.
Por las condiciones del cuerpo, peritos de la Fiscalía Gene-ral del Estado cacularon que llevaba más de 24 horas de haber sido asesinado.
El cadáver presentaba un impacto de bala en la cabeza además de huellas de tortura. Lo dejaron cerca de la cabeza de cantera de Lázaro Cárdenas, que está en el poblado de Colonia Juárez, en la carretera federal Altamirano-Arcelia, en el municipio de Tlapehuala.
El Ministerio Público lo trasladó a sus oficinas en Arcelia y después lo enviaron al Semefo de Iguala.
Se anunció que casi a la media noche lo recibirían en las instalaciones del seminario de Altamirano para una misa de cuerpo presente y por la mañana de este viernes sería trasladado a su lugar de origen en Nanchichitla, estado de México.
El padre Gregorio López era maestro en el seminario, no tenía parroquia, por lo cual no estaba expuesto a las presiones de oficiar misas o impartir sacramentos, como ha ocurrido en otros casos que se han dado en la región.
No hay una versión de parte de la diócesis que encabeza el obispo Maximino Martínez Miranda, que muestre alguna pista por la cual hayan ingresado los responsables al seminario para llevárselo y después asesinarlo.
Lo que se ha dicho es que en la madrugada del lunes personas armadas entraron al seminario y realizaron disparos. Se llevaron al sacerdote con su vehículo, el cual apareció después en el centro de la ciudad intacto. Desde esa fecha no se supo nada de él, e incluso se confirmó que nadie pidió algún rescate por su liberación.
Marcharon 100 sacerdotes más feligreses por su liberación
Más de 100 sacerdotes de la diócesis de Altamirano marcharon este miércoles con pancartas de protesta por la desaparición de padre Gregorio López Gorostieta, y concluyeron con una misa en la catedral.
Con la gente de la iglesia fueron más de 300 personas las que acompañaron la marcha, entre ellos el presidente municipal de Pungarabato, Reynel Rodríguez Muñoz, quien se dijo conmovido por el ataque contra el sacerdote.
Aun cuando el alcalde no informó del hecho, antes del medio día ingresó con un vehículo a las instalaciones militares acompañado por sacerdotes, al parecer para pedir más intervención del Ejército y buscar la liberación del padre.
El presidente municipal condenó los hechos violentos y se unió a la marcha de los sacerdotes junto son el síndico René Rabiela Tapia.
La catedral estuvo llena porque muhas personas decidieron esperar en ella debido a la lluvia. Los sacerdotes marcharon en medio de la lluvia pidiendo la paz para Pungarabato, con pancartas y en medio de consignas que decían “esclavos no, hermanos sí”, y al mismo tiempo orando por el padre desaparecido.
El obispo Maximino Martínez Miranda, quien encabezó la marcha hasta la catedral, expresó su deseo porque las personas que se llevaron al sacerdote lo pudieran liberar, y que regresara la paz a Tierra Caliente en medio de este ambiente de violencia.
A pesar de la marcha del miércoles, el cuerpo apareció muerto. Según la estimación podría haber sido asesinado incluso antes del movimiento de los sacerdotes.
Baja presencia militar y policíaca en las calles
A pesar de los acontecimientos, en Altamirano las acciones policíacas y militares no aumentaron sino que se mantienen con las mismas medidas de recorridos sólo sobre avenidas principales sin detenerse en sus vehículos.
No hay filtros, ni acciones de precisión. Tampoco se ha anunciado acerca de puestas a disposición en los ministerios públicos de casos relacionados con la delincuencia, desde el inicio del operativo Tierra Caliente.

Liberan tras pago de una fianza a dos opositores a La Parota presos en el penal de Las Cruces

Emilio Hernández Solís y Julio Ventura fueron arrestados el 28 de julio en San Pedro Cacahuatepec, cuando iban rumbo a la gravillera Agregados Costa Chica, de Javier Cadena Almazán, por la acusación de tentativa de homicidio y lesiones contra Domingo Bailón y tres mujeres

Carlos Moreno A.
Dos integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), presos en el penal de Las Cruces desde el 28 julio, fueron puestos en libertad tras pagar una fianza de 73 mil pesos cada uno.
Emilio Hernández Solís y Julio Ventura fueron arrestados el 28 de julio en la vereda de San Pedro Cacahuatepec, a orillas de la carretera nacional Acapulco-Pinotepa, cuando iban rumbo a la gravillera Agregados Costa Chica, propiedad de Javier Cadena Almazán, la cual se encuentra en el poblado de Bella Vista, pasado el puente del río Papagayo y rumbo a San Marcos.
Los integrantes del Cecop fueron acusados por tentativa de homicidio y lesiones contra Domingo Bailón y tres mujeres, junto con otros seis opositores a la presa, incluido el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, siendo una de las órdenes de aprehensión por la cual éste último está preso en un penal de Tepic, Nayarit, desde el 17 de junio.
Dicha acusación, que fue reclasificada a lesiones agravadas y está bajo la causa penal 64-2/2014 en el juzgado décimo penal con el juez Adolfo Van Meeter, fue por participar en una balacera y atentado contra Teodora Valeriano Marcos, Juana Bailón Dorantes y Deyanira Bailón el 4 de abril, donde fueron detenidas cinco personas tras una emboscada contra policías comunitarios.
Por la misma acusación de tentativa fue detenido, el 19 de mayo, el integrante del Cecop, José Palma Tornez, pero el delito se le reclasificó a lesiones agravadas y fue puesto en libertad el 6 de junio tras pagar una fianza de 146 mil pesos.
A Suástegui Muñoz se le reclasificó de manera similar el delito pero le dictaron auto de formal prisión.
Ayer por la tarde fue pagada la fianza de Emilio Hernández y Julio Ventura, con un monto de 73 mil pesos cada uno, dando un total de 146 mil pesos, informó el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Rogelio Téliz García.
A los dos acusados les habían fijado una fianza de 146 mil pesos por cada uno en el Juzgado Décimo Penal, pero el abogado defensor solicitó la reducción de la caución luego de un estudio socioeconómico que realizó una trabajadora social.
A las 7:50 los dos integrantes del Cecop salieron del reclusorio y caminaron por el pasillo del penal, donde los esperaban sus familiares.
El abogado informó: “pagamos 73 mil 374 pesos por cada uno la caución y estarán en libertad pero sujetos a proceso”.
Los familiares dijeron que por Julio Ventura se pagaron los 73 mil pesos de fianza, pero por Emilio Hernández 27 mil pesos por el delito de lesiones agravadas y 26 mil por el delito de robo, denuncia puesta por el gravillero Humberto Marín.
Sobre el proceso del vocero Suástegui Muñoz, el abogado indicó que están en el ofrecimientos de pruebas sobre el delito de lesiones agravadas, pero por el delito de robo calificado no ha declarado, y adelantó que posiblemente en enero haya una fecha para su declaración.
“Lo que pasa es que el Juzgado Décimo mandó por exhorto pero faltaban algunas firmas y documentos, y el Poder Judicial de Tepic la regresó porque no se podían llevar a cabo las diligencias, pero en enero se podría fijar una nueva fecha”, explicó Téliz García.
En el penal continúa recluida la opositora María de la Cruz Dorantes Zamora, detenida el 13 de octubre por robo calificado, por la misma acusación de Humberto Marín.

Agentes del MP, peritos y policías exigen al nuevo fiscal un bono de 30 y 20 mil pesos

Trabajadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) sostuvieron una reunión con el nuevo fiscal Miguel Ángel Godínez Muñoz por su presentación, y agentes del Ministerio Público, peritos y policías ministeriales expusieron sus demandas como un bono de 30 y 20 mil pesos para antes de que termine el mes.
En la concentración de agentes del Ministerio Público y policías ministeriales del 18 de diciembre en Acapulco se informó de una reunión este lunes con el secretario General de Gobierno, David Cienfuegos, para que atendiera su exigencia pero fue suspendida porque se reunirían con el nuevo fiscal.
Llegaron desde las 11:45 de la mañana a las oficinas de la FGE para reunirse con el secretario de Gobierno, pero se les informó que serían atendidos por el nuevo fiscal y el encuentro se realizó a la 1 de la tarde en el auditorio de la dependencia. Duró una hora.
Durante la reunión los agentes plantearon sus demandas y Godínez Muñoz se comprometió a ser su intermediario con el gobierno del estado para que se cumpla la entrega de dicho bono.
El fiscal de la zona Centro y presidente de la Asociación de Ministerios Públicos, Juan Rivera Altamirano informó que se reunieron con la finalidad de presentar al nuevo fiscal ante el personal como Agentes del Ministerio Público, peritos y policías ministeriales.
“Nos externó el plan de trabajo que trae en mente para desarrollar, y nos solicitó el voto de confianza a efecto de ser el intermediador para tramitar el bono que cada año nos dan” agregó.
Rivera dijo que Godínez mostró disposición en apoyarlos con las prestaciones porque “está conciente” de la problemática que atraviesa esa institución, porque ha sido funcionario.
Agregó que durante la reunión se fijó el 30 de diciembre para que les den los bonos que exigen, pero que si las autoridades no cumplen, los mil 400 trabajadores pararán labores de manera indefinida hasta que se les pague.
Recordó que otra de las demandas es el bono de riesgo para el personal de operativo, aumento salarial, viviendas, reparación de equipos y dotación de trabajo de equipo.
Este jueves los agentes exigieron el pago de un bono de 30 y 20 mil pesos antes de que termine el mes, luego que el gobernador Rogelio Ortega Martínez no acudiera a un foro de su asociación.
En el lugar 150 manifestantes se congregaron afuera del hotel Emporio, donde llevaron a cabo un foro, del cual se informó que no tenía nombre, pero dialogarían con el gobernador sobre sus peticiones. Como Ortega Martínez no acudió, los agentes amagaron con bloquear la Costera si no había una solución a sus demandas.
Recordó que también exigen el bono de riesgo para el personal operativo, aumento salarial, viviendas, reparación de equipos y dotación de trabajo de equipo.

Declaraciones del secretario de la Marina y del gobernador Rogelio Ortega ponen en peligro a padres y defensores, condena la CNDH

Declaraciones del secretario de la Marina y del gobernador Rogelio Ortega ponen en peligro a padres
y defensores, condena la CNDH

Declaraciones de Soberón y de Ortega ponen en peligro a padres y defensores de Ayotzinapa: CNDH
Pide el organismo a Peña Nieto y al gobernador que instruyan, en especial a los funcionarios encargados de las fuerzas de seguridad, que se abstengan de formular expresiones que revictimicen y afecten la seguridad e integridad de los defensores civiles de derechos humanos y víctimas, y que garanticen un trato digno y respetuoso
Agencia Proceso
Ciudad de México
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió al gobierno de Enrique Peña Nieto y al mandatario guerrerense Rogelio Ortega Martínez que los funcionarios a su cargo “se abstengan de formular opiniones y expresiones que revictimicen y pongan en riesgo” a defensores, víctimas y familiares de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre en Iguala.
El organismo presidido por Luis Raúl González Pérez tomó la determinación de emitir medidas precautorias dirigidas a la Secretaría de Gobernación (Segob) y al gobernador Ortega luego de que registró expresiones de funcionarios, como el secretario de la Marina Armada de México, Vidal Francisco Soberón Sanz, quien sostuvo que los padres de las víctimas de Iguala están siendo manipulados.
Además, días antes Ortega Martínez acusó al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que representa legalmente a las familias, de impedir el acercamiento gubernamental con los familiares de las víctimas.
Las medidas de la CNDH se emitieron luego de que en medios nacionales se ha filtrado información presuntamente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) que identifica a los defensores como simpatizantes de grupos guerrilleros de Guerrero.
En un comunicado, la CNDH informó que el viernes 19 giró oficios a la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob, Lía Limón García, y al gobernador Ortega Martínez, en el que se les notifica que en días pasados se dieron a conocer opiniones de “servidores públicos de diferentes ámbitos de gobierno, en torno a la problemática que prevalece en el estado de Guerrero y especialmente al asunto conocido como ‘Caso Iguala y/o Ayotzinapa’ en que se descalifica el trabajo que realizan tanto defensores civiles de derechos humanos como a los familiares de las víctimas, en la búsqueda y localización de las personas desaparecidas y en sus reclamos de justicia”.
El ombudsman nacional solicitó a los funcionarios “que instruyan, en el ámbito de su competencias, a los servidores públicos de ambos niveles de gobierno, en especial a los encargados de las fuerzas de seguridad, para que se abstengan de formular opiniones y expresiones que revictimicen y pongan en riesgo la seguridad e integridad personal de los defensores civiles de derechos humanos, víctimas y familiares de los involucrados en el Caso Iguala, instruyéndoles además a que garanticen un trato digno y respetuoso a los mismos”.
Las medidas precautorias se emiten, señaló, “sin prejuzgar sobre la veracidad de los hechos y con el propósito de evitar la consumación irreparable de violaciones a derechos humanos o la producción de daños de difícil reparación y salvaguardar los derechos de las víctimas”.
El organismo recordó que por los ataques a balazos de policías a estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa e integrantes del equipo Avispones de Chilpancingo, hechos que dejaron un saldo de seis personas fallecidas, 30 lesionadas y 43 desaparecidas, en Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, abrió el expediente de queja CNDH/1/2014/6432/Q.
El 4 de octubre, luego de la localización de seis fosas clandestinas “con un número indeterminado de cadáveres”, se continuó el expediente “como una investigación de violaciones graves a los derechos humanos”, quedando bajo el número CNDH/1/2014/6432/Q/VG.
Agrega el comunicado que el jueves 18 de diciembre el ombudsman nacional creó una oficina especial para el caso y nombró como titular a José T. Larrieta Carrasco, con la misión de “mantener comunicación directa con los padres de los normalistas desaparecidos y sus representantes” y organizaciones nacionales e internacionales, para definir las “conductas y omisiones violatorias en que algunas autoridades pudieron incurrir antes, durante y después de los referidos acontecimientos”.
Otras tareas encomendadas a Larrieta serán la revisión de las actuaciones ministeriales del fuero común y federal “para identificar cualquier probable violación a derechos humanos así como estar atento a que las autoridades agoten todas las líneas de investigación que conforme a derecho procedan”.

Fue detenido el alcalde de Cocula, confirma el PRI

El dirigente estatal del PRI Cuauhtémoc Salgado Romero, informó que el presidente municipal de Cocula César Peñaloza Santana fue detenido por la Procuraduría General de República (PGR) el viernes pasado.
Consultado vía telefónica comentó que “por rumores de lo sucedido”, había intentado localizar tanto al presidente municipal como a su esposa, pero que los teléfonos de ambos estaban “cortados”.
Salgado Romero informó que hasta ayer por la noche un familiar del presidente municipal le confirmó que César Peñaloza fue detenido por elementos de la PGR que acudieron al municipio el viernes a medio día.
El dirigente priista solo informó lo que el familiar de Peñaloza Santana le precisó, en el sentido de que uniformados federales se llevaron al presidente municipal priista, pero no mencionó más detalles.
Salgado Romero no pudo precisar si había una orden de aprehensión contra el alcalde o solo era una orden de presentación o “lo llevaron a declarar”.
El 13 de octubre, el presidente municipal de Cocula fue llevado a declarar a la ciudad de México a partir de declaraciones de detenidos por la desaparición de 43 estudiantes desaparecidos, y dijo que no sabía nada de la participación de sus policías en ese hecho.
Según la información que proporcionó el dirigente priista no ha tenido comunicación con el alcalde desde el viernes, tampoco con su esposa, ni el gobierno federal a través de la PGR ha informado de la detención o la situación legal de Peñaloza Santana.
Hay una versión en el sentido de que el presidente municipal de Cocula no acudió ese viernes a una cita que tenía en la PGR para volver a declarar en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, y que desde entonces no se sabe nada de él.
La PGR ha detenido a 14 policías municipales y un funcionario menor de Cocula, por nexos con la delincuencia organizada pero al alcalde Miguel Peñaloza, ni los miembros del cabildo han sido señalados directamente de haber tenido alguna participación en la desaparición de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
De acuerdo con diversos testimonios de policías de Iguala y de sicarios del grupo llamado Guerreros Unidos, rendidos ante la PGR y asentados en la causa penal 100/2014, los agentes de Cocula fueron quienes entregaron a los normalistas a delincuentes quienes luego los “ejecutaron, quemaron y tiraron sus cenizas” al río San Juan, en ese mismo municipio.
Fuentes del ayuntamiento de Cocula comentaron que el alcalde fue detenido por nexos con grupos delincuenciales, pero no pudieron confirmar si cuando fueron por Peñaloza Santana hubo una orden de aprehensión.
Diputados federales del PRD y de Movimiento Ciudadano habían exigido al gobierno federal la detención del alcalde priista, por su presunta responsabilidad o complicidad en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, porque según los policías municipales de Iguala detenidos, entregaron a los normalistas a un grupo de uniformados de Cocula.

Su esposa lo reportó como desaparecido

El alcalde de Cocula, César Miguel Peñaloza Santana, fue reportado como desaparecido por su esposa, luego de que el edil acudiría a declarar por segunda vez a la  Procuraduría General de la República (PGR) en la ciudad de México por el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.
El presidente municipal no llegó a declarar ante la PGR y tampoco regresó a su casa, dijo su esposa Lizbeth Alarcón Rodríguez.
Este domingo, el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, pidió a la PGR que investigue el paradero del alcalde.
En un comunicado, el legislador denunció que el edil se trasladó a la ciudad de México el viernes y desde entonces se desconoce dónde está.
Alonso Raya consideró que la Procuraduría debe aclarar si Peñaloza fue citado a comparecer como parte de las investigaciones del caso Ayotzinapa, además de establecer si compareció o no antes de desaparecer.
Afirmó que le parece “sospechosa” la desaparición del alcalde, a quien considera testigo clave en la desaparición de los 43 normalistas.
Este sábado la esposa del alcalde reportó a C-4 que su esposo acudió a la PGR a declarar pero que no había regresado, por lo que teme por su seguridad y realizó el reporte ya que en su celular no responde. 

Habría desaparecido el alcalde de Cocula

Hasta este domingo se desconocía el paradero del presidente municipal de Cocula, Miguel Peñaloza Santana. El gobierno de Guerrero “no sabía nada” de la posible desaparición o detención del edil mientras que el gobierno federal no emitía una postura oficial.

El pasado viernes el alcalde priista habría salido de su casa con rumbo a la ciudad de México donde supuestamente acudiría a un llamado de la Procuraduría General de la República (PGR), para declarar respecto al caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El munícipe ya había declarado anteriormente y fue llevado a las instalaciones de la PGR en Iguala junto a varios de sus policías que hoy están acusados de participar en la desaparición de normalistas la noche del 26 de septiembre.

Sin embargo, según fuentes policiacas el pasado viernes volvería a declarar en la Ciudad de México y bajo ese argumento salió de su hogar, pero de acuerdo a la versión de su esposa, el edil no regresaba hasta este domingo, desconociéndose su paradero. 

El gobierno de Guerrero no fijó postura al respecto y tampoco lo hizo el gobierno federal hasta este domingo por la noche. La PGR no aclaró si el edil fue llamado a comparecer y, en una entrevista, el gobernador Rogelio Ortega Martínez dijo desconocer el hecho de la desaparición o detención del edil.

Ortega Martínez encabezó el Paseo del Pendón en Chilpancingo donde reporteros le preguntaron sobre la desaparición de Miguel Peñaloza, a esto solo dijo: “no tengo información al respecto”.

Un reportero le insistió en la pregunta pero la respuesta fue tajante: “no tengo información de ningún tipo”.

El mandatario no pudo o no quiso precisar esta información, solo externó que “hay autoridades que se encargan de invitar a los ciudadanos a que declaren y si es el caso me imagino que sus derechos están salvaguardados”.

Sin embargo, a través de un comunicado de prensa, el PRD en San Lázaro dio por hecho la desaparición del primer edil de Cocula, por lo que, demandó a la Procuraduría General de la República (PGR), aclarar el paradero del munícipe.

En el documento se afirma que la desaparición del perredista fue señalada por su esposa, Lizbeth Alarcón Rodríguez, quien confirmó que su esposo se trasladó a la ciudad de México y que desde esa fecha no se ha sabido nada de él.

Se informa que el coordinador parlamentario del PRD en la cámara de diputados, Miguel Alonso Raya, calificó como “sospechosa” la desaparición del alcalde al considerar que es un testigo clave sobre los hechos violentos en el que seis personas perdieron la vida y 43 resultaron desaparecidas en Iguala.

Cabe recordar que el pasado 14 de octubre del presente año, el César Miguel Peñaloza Santana, fue detenido en calidad de presentado ante la SEIDO de la Ciudad de México por supuestos vínculos con grupos delictivos. (Agencia Periodística de Investigación)

Mil 300 efectivos federales brindarán seguridad en Acapulco

 Más de mil 300 elementos de la Gendarmería Nacional con el apoyo de la Marina y el Ejército Mexicano, se desplazan en el puerto de Acapulco para disminuir los índices de violencia e inseguridad que se han visto en los últimos días; así lo afirmó el gobernador Rogelio Ortega Martínez.

Entrevistado durante el recorrido del tradicional Paseo del Pendón en Chilpancingo, Rogelio Ortega dijo que se desplegó un operativo de seguridad en el Puerto de Acapulco con más de mil 300 elementos policiales y castrenses de la federación.

Aseguró que se ha pedido que el operativo no solo se realice en la Costera Miguel Alemán, sino también en los barrios y en las colonias populares, especialmente en Renacimiento y Zapata.

Aunque dijo que no está garantizado que en los próximos días no habrá bloqueos, confió en que los manifestantes no realizarán manifestaciones en esta temporada vacacional, por lo que, “no se implementará un operativo especial para la temporada decembrina, será el que siempre se emplea para garantizarles a los turistas su libre tránsito”.

Luego externó: “nosotros somos respetuosos al derecho que tiene los movimientos sociales de manifestarse, es un derecho garantizado en la constitución, nosotros somos dialoguistas, acompañantes, coadyuvantes, solidarios”.

Por otra parte, el mandatario estatal consideró que sí debe de haber elecciones y pidió que para este 2015, “vayamos en armonía, en una ruta de paz y de gobernabilidad, que es lo que nos conviene a todos los y las guerrerenses”.

Cuando se le cuestionó al gobernador si habrá elecciones en Guerrero, se limitó a decir: “yo creo que sí, debe de haber”.

Finalmente se dijo congratulado por le aprobación del ejercicio fiscal 2015 y se dijo respetuoso del trabajo que los diputados hacen desde el Congreso local. (Agencia Periodística de Investigación)  

Garantizar las elecciones, demanda Añorve al gobierno

Los gobiernos federal y estatal deben garantizar las condiciones para la realización de las elecciones en el 2015, dijo el diputado federal Manuel Añorve Baños.
Afirmó que las elecciones no son un asunto exclusivo del Instituto Nacional Electoral ni de los partidos políticos, sino un proceso de la sociedad.
Entrevistado después de un convivio navideño con reporteros de Acapulco, el también ex presidente municipal del puerto y actual aspirante a la candidatura por el PRI al gobierno del estado, pidió no obstante a las diversas instancias de gobierno mantener el diálogo con las diversas expresiones de la sociedad que se oponen a la realización de las elecciones.
Añorve Baños afirmó que respeta “el dolor” de los padres de familia de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa que se movilizan en demanda de la presentación de sus hijos, quienes se encuentran desaparecidos desde el 26 de septiembre.
Afirmó que respeta la decisión de las organizaciones que respaldan estas movilizaciones, y que exigen que se suspenda en Guerrero el proceso de elección de gobernador, presidentes municipales, diputados federales y locales.
No obstante, defendió que deben organizarse y realizarse las elecciones, porque son un mandato de la Constitución federal, y que es obligación de las autoridades establecer las condiciones para que estas se realicen.
“Todos queremos un proceso electoral en paz, y también, todos queremos que haya diálogo —con los grupos que se movilizan y que afirman que éstas no deben realizarse- para resolver este problema”.
Dijo que se debe escuchar a los padres de familia de los normalistas desaparecidos porque su demanda por la presentación de sus hijos es una expresión legítima.
Sin embargo, defendió el proceso electoral y dijo que sí hay condiciones para la realización de las elecciones, aunque es obligación de las autoridades preservar los derechos de los ciudadanos de votar. 

El dirigente de la Coparmex se destapa para alcalde; pide castigar la retención de Walton

El presidente de la Coparmex en Acapulco, Joaquín Badillo Escamilla, dijo que quiere ser candidato a alcalde para la elección del 2015 de manera independiente, “por el partido de la gente”, y si coincide con algún partido entonces con es partido.
Dijo lo anterior durante la presentación de su informe de trabajo al frente de la Fundación Jobamex, que el dirige con uno de sus hermanos.
En declaraciones a reporteros, el empresario consideró lamentable e indignante el trato que le dieron al presidente municipal de Acapulco, Luis Walton Aburto, los padres de familia y normalistas que lo retuvieron el viernes. Agregó que no se debe de permitir que el hecho pase sin consecuencias.
La presentación del informe de acciones realizadas por la fundación Jobamex, constituida por Badillo Escamilla, el empresario aprovechó para exponer sus aspiraciones políticas para el 2015.
“Acapulco está enfermo, olvidado, sufriendo”, dijo, y que como acapulqueño buscará junto con los que “queremos” al puerto, procurarlo, levantarlo, “que vuelva a subir al rumbo de ese destino que siempre ha sido a nivel internacional”.
En declaraciones después de su discurso dijo que se debe tener para Acapulco a los “mejores perfiles, los especialistas, no los compadrazgos, no los amigos por interés, porque aquí están las consecuencias a donde hemos llegado, a un Acapulco conflictivo, lastimado y olvidado”.
Badillo Escamilla dijo que quiere ser presidente municipal de Acapulco, “por el partido de la gente y si puedo ser independiente lo seré, de lo contrario esperaré el respaldo de un partido para participar”, enfatizó.
Badillo Escamilla dijo que la reunión que se realizó en el salón Juan Ruiz Alarcón del Centro de Convenciones fue para que lo conocieran, por ello en su intervención habló de sus logros académicos y deportivos. Indicó que nació en el IMSS y que con becas fue como logró estudiar en el extranjero.
El informe de la Fundación Jobamex consistió en dos videos, en el primero donde se explica qué hace la organización y a cuántos jóvenes tiene becados, así como a los que se apoya para impulsarlos en el deporte.
En el segundo, Joaquín Badillo dio un discurso en el que explica cómo se desarrollo la empresa de seguridad y limpieza que tiene hace nueve años y su interés por mejorar la vida de los ciudadanos, y pide en el mismo que les expongan sus necesidades.
Enfatizó que está motivado “porque estoy aquí y voy a salir para adelante, imaginemos un Acapulco donde no haya miedo, poder transitar con confianza, soy un hombre de pantalones bien puestos, con carácter, nadie va a pelear a Acapulco si no lo ama, siempre he sido un guerrero y las cosas me han costado mucho, detrás de Jacko hay una gran familia, y las cosas van a cambiar desde hoy, ya comienza el cambio 2015”.
Badillo Escamilla se dirigió a más de mil asistentes que se reunieron en el salón, entre ellos trabajadores de la empresa de la que es propietario, que asistieron con sus familias, de las colonias Jardín, Progreso, Icacos, Barrios Históricos, Colosio, Cruces de Cacahuatepec, entre otras.
Al ingresar los asistentes dieron su hombre y de qué colonia iban, se les dieron playeras para que las usaran en ese momento, unas con la la imagen de un dedo pulgar levantado, y la frase ‪#‎jackoseñal‬, la otra con el mensaje “gracias a Dios por dejarnos compartir lo que tú nos permites tener” de la fundación Jobamex.
Concluyó su discurso diciendo que el cambio no se logra solo, por eso pidió el apoyo de los asistentes, y dijo ser una persona de ideales, un revolucionario de ideas, no de balas, “hoy he resuelto luchar con todo y contra todo sin más baluarte que el amor y el cariño de mi pueblo”, dijo citando a Emiliano Zapata.
Al terminar, en declaraciones a reporteros, en relación a la retención del alcalde Luis Walton el viernes por parte de padres de los normalistas desaparecidos y estudiantes de Ayotzinapa afuera del Centro de Convenciones, Joaquín Badillo dijo que es lamentable e indignante que le hayan hecho eso a la primera autoridad del municipio.
“Retuvieron y no pasa nada, no creo que ningún ciudadano vaya a nuestra casa y actúe contra nosotros, lo que menor haríamos sería defendernos y no de manera violenta, sino invitar al diálogo, y si no tener firmeza en la toma de decisiones”, expresó.
Consideró que no se puede ocultar lo que pasó y eso afectará la temporada turística; y aunque respeta la decisión del alcalde de no actuar en contra de los que lo retuvieron, Badillo Escamilla puntualizó que el hecho no debe de quedar impune, que se debe marcar un precedente de lo que puede pasar si alguien atenta contra la autoridad de esa forma.