La licencia del Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, es un acto político que no abona mucho al tema de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa ni tampoco a los problemas de seguridad que mantienen al estado en crisis, coincidieron representantes de organismos internacionales, del sector empresarial, de los partidos políticos y legisladores.
Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) México, aseguró que a pesar de la separación del cargo del mandatario guerrerense, la organización mantiene su exigencia no sólo de que aparezcan los normalistas sino también para que se aclare si se trató de un acto de desaparición forzada en la que estuvieron envueltos elementos del Estados.
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